Las comunidades autónomas con mayor endeudamiento mueven ficha ante Madrid para tratar de quitarse esa losa de encima. El Gobierno central está dispuesto a sentarse para hallar una solución pero ni Madrid ni Canarias, al otro lado de la lista, están dispuestos a que su esfuerzo para mantener el gasto a raya, no solo no se les recompense sino que finalmente se premie a las que no lo han hecho. Fuentes el Ejecutivo canario apuntaban que cualquier cambio en ese sentido debe ir acompañado de un reconocimiento, no precisamente moral, a las comunidades «fiscalmente responsables».
Comunidades autónomas como Valencia, Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Baleares, las que tienen un mayor porcentaje de deuda sobre su PIB, esperan un pronto alivio de su carga por parte del Estado porque entiende que es el sistema de financiación, y no la gestión de sus gobiernos, las que las ha llevado a ese punto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta en el pleno del Congreso de los Diputados, el 22 de septiembre. «Cuando abordemos el modelo de financiación autonómica, tendremos que abordar la deuda acumulada y ver qué ocurre con la deuda», respondió al diputado de Compromis, Joan Baldoví, que había solicitado la comparecencia de la ministra en relación a los problemas financieros de Valencia.
La ministra no aclaró cómo se abordará el problema de la deuda acumulada, pero sí vinculó el posible alivio a situaciones de infrafinanciación de comunidades como Valencia y Murcia, a las que citó. «Comparto con usted que esa insuficiente financiación ha generado, al menos, si no toda, una parte muy importante de la deuda de la Comunidad Valenciana», dijo Montero a Baldoví. «Y es obvio que la infrafinanciación se ha convertido en deuda y que en Murcia la infrafinanciación se ha convertido en deuda», añadió. «¿Toda? Probablemente, no; pero, sin duda, una gran parte de ella es achacable a la infrafinanciación». Y es ahí donde la ministra dejó un compromiso en el aire que fue saludado por el diputado: «Celebramos que por primera vez en esta Cámara haya reconocido que con la deuda hay que hacer algo; una deuda que no viene del mal uso de los fondos de nuestros representantes, sino que viene, en gran medida, por esa financiación».
De los algo más de 51.000 millones de euros de deuda acumulada en la Comunidad Valenciana (el 47,8% del PIB regional en el segundo trimestre de 2021), el Gobierno de Ximo Puig estima que unos 23.000 millones (casi la mitad del total) obedecen a los menores recursos que los sucesivos modelos de financiación autonómica han otorgado a este territorio.
El anuncio de la ministra tampoco pasó inadvertido para el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), quien consideró «una buena noticia» que el Ministerio de Hacienda «rectifique» sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y el reconocimiento de la deuda de las comunidades infrafinanciadas. Según López Miras, hay informes de prestigio que dicen que «aproximadamente el 90% de la deuda que tiene la Región de Murcia es, precisamente, debida a esa infrafinanciación durante tantos años, recibiendo menos que el resto de España y menos de lo que nos corresponde».
Castilla La Mancha, con una financiación por debajo de la media, también espera del Ministerio de Hacienda una medida de alivio, «para que la deuda no sea una losa imposible de levantar y para poder tener capacidad para acudir a los mercados financieros cuando sea preciso», en lugar de tener que pedir el dinero prestado al Estado, explican en la comunidad autónoma. Baleares mantiene viva su demanda de una condonación de los 5.000 millones de deuda que la comunidad vincula a la infrafinanciación acumulada entre 2002 y 2009, cuando se inauguró el modelo vigente que logró mejorar las condiciones del archipiélago.
Cataluña versus Madrid
Cataluña es la comunidad con mayor volumen de deuda en cifras absolutas, con un total de casi 81.900 millones, equivalentes al 37,1% del PIB regional. Más del 75% de la deuda pública catalana está contraída con el Estado, a través de los mecanismos estatales de facilidad financiera, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El rating de calificación de la deuda catalana, en zona de bono basura, impide el acceso a los mercados financieros de la comunidad. Después de la reforma de la financiación autonómica de 2009 (que el Gobierno de Rodríguez Zapatero pactó con el Govern tripartito de José Montilla) el ratio de financiación por habitante ajustado (según el concepto propio del modelo autonómico) que recibe Cataluña se sitúa en torno a la media o ligeramente por encima.
Para un índice medio de 100 puntos, la financiación por habitante en Cataluña solo cayó por debajo de los 98 puntos en los años 2013 y 2014. Con todo, la comunidad catalana también esgrime una demanda de alivio de deuda vinculada a una infrafinanciación. Andalucía es –junto a Valencia, Murcia y Castilla La Mancha– una de las comunidades que arrastra una mayor infrafinanciación en las dos últimas décadas.
Al menos por el momento, y para evitar la rebelión de las comunidades fiscalmente más seneadas, Hacienda se resiste a hablar de «condonación», «quita» o «perdón» de deuda autonómica. Cualquiera de estos términos suscitaría recelos en las autonomías en mejor situación financiera. La alternativa podría pasar por buscar el efecto equivalente al de una quita por la vía de alargar plazos de pago de la deuda o renegociar a la baja los tipos de interés, pero, para Hacienda, hablar de estas cuestiones es aún «prematuro», afirman.
Desde la Comunidad de Madrid se ve cualquier intento de alivio sobre la deuda como una medida a favor de «los socios catalanes independentistas» del Gobierno. «Para la Comunidad de Madrid es intolerable que el Gobierno de España se plantee una posible condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para contentar a sus socios independentistas. Cataluña ha recibido 75.000 millones del FLA desde 2015. Perdonar esos más de 70.000 millones de euros que hemos pagado entre todos es ceder a una nueva entrega del independentismo que la gente no admitiría. Sería un auténtico escándalo», declaró al consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty (PP). «Acumular más de 70.000 millones en estos años por haber recurrido al FLA no es más que la consecuencia de la nefasta gestión de los independentistas», asegura el consejero. Madrid tiene la segunda menor deuda de las autonomías de régimen común con el 15,8% de su PIB. El mismo porcentaje que Canarias, con su Régimen Económico y Fiscal (REF).
La deuda autonómica estalló a partir de la crisis financiera de 2008. En pocos años, pasó del 5,8% del PIB en 2007 al 20,6% en 2013. Después ha seguido subiendo hasta cobrar un peso cercano al 27% a mitad de 2021.
Más de la mitad del total de la deuda autonómica lo es con el Estado, a través de mecanismos de facilidad financiera, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es sobre esta parte de la deuda sobre la que se plantea la posible quita. Básicamente hay dos formas de abordar una quita: una condonación de deuda o una renegociación de plazos y tipos de interés. Ninguna de ellas es pacífica desde el punto de vista político.
La palabra condonación parece proscrita del debate. El propio Gobierno valenciano –que defiende que el Estado asuma un volumen de su deuda equivalente a su estimación de infrafinanciación acumulada, de 23.000 millones– prefiere hablar de «compensación» de deuda.
Otra alternativa es renegociar los plazos y los tipos de interés de la deuda, pero en el momento actual, de bajos tipos de interés, cobra escaso sentido jugar con ellos. Pero sí tiene sentido alargar vencimientos para reducir la carga financiera por la amortización de la deuda que corresponda a cada ejercicio. No se reduce deuda, pero el equivalente en valor actual es menor cuanto cuanto más largo sea el vencimiento.
