El pasado año siete negocios turísticos –alojamiento, agencia de viajes o turoperación– de Canarias tuvieron que recurrir al concurso de acreedores. Este año tendrán que hacerlo diez, y 17, sumados los de 2020 y 2021, es un número moderado, a decir del sector, teniendo en cuenta el golpe que ha recibido la principal actividad económica de las Islas. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las ayudas directas permiten a muchas mercantiles mantenerse a flote a pesar del tifón covid-19.

Son los datos de un informe elaborado por Solunion, la joint venture de los seguros de Crédito y Caución participada en un 50% por Mapfre. La duda que se extiende entre los empresarios es qué ocurrirá cuando las administraciones retiren la respiración asistida y las empresas tengan que volver a volar solas.

Si bien el turismo local, sobre todo, y el nacional están permitiendo hacer caja este verano, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, volvió a recordar el martes en la Cámara regional que aún el 30% de los establecimientos alojativos permanecen cerrados. La escasez de demanda de los mercados extranjeros obliga a que sea así.

Las esperanzas están puestas en lo que ocurra a partir de octubre –avanzado el mes–, una vez se haya alcanzado la tasa de vacunación necesaria y que la alta contagiosidad de la variante Delta del coronavirus ha elevado hasta entre el 80% y el 90%. Cuando esa máquina logre arrancar motores, será momento de comprobar los daños reales.

«No es ninguna sorpresa que haya empresas que recurran al concurso de acreedores para defenderse de una circunstancia tan terrible», apuntó ayer el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal.

Superar el trance

Esta «normativa, ideada para no tener que cerrar», continuó Marichal, permite negociar reducciones de las deudas y aplazamientos de los pagos. Precisamente eso es lo que muchas de ellas necesitan para superar el trance actual y, «si el proceso concursal es eficiente, recobrar toda la energía cuando cambien las circunstancias», remató el vicepresidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes, Ignacio Poladura.

Las ayudas públicas «han servido para que los negocios no tengan que afrontar uno de sus gastos más importantes, el del personal», señaló sobre los ERTE el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) de Las Palmas, Tom Smulders. El también vicepresidente de la patronal del sector (FEHT) en dicha provincia recalcó la diferencia entre «liquidez y solvencia». Mientras los ERTE han salvado a las empresas que carecían de la primera, «solo las mejores», las que aún son solventes, «van a poder volver a volar solas».

Un 70% de las empresas consultadas por Solunion para la elaboración del documento confirmó haber recurrido a medidas como créditos ICO, mientras que la totalidad presentaron ERTE. A pesar de esos salvavidas, este análisis vuelve a poner de manifiesto que el turismo es el sector más golpeado en todo el país. La previsión de incremento de procesos concursales en la industria alojativa y de los viajes para este año es del 67% (hasta un total de 165), frente al 30% del conjunto del tejido productivo.

El estudio incluye un análisis del estado de ánimo de los empresarios con respecto al momento en que será posible recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. Un 60% estima que ocurrirá el año próximo, mientras un 20% relega ese momento al ejercicio de 2023. El 20% restante es menos optimista aún y no cree que las vacas gordas vuelvan antes de 2024.

Vía libre a los viajes del Imserso

El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) mantiene la previsión de iniciar su programa de viajes en octubre después de que hayan sido rechazados por un tribunal los recursos de la patronal estatal de los hosteleros y la autonómica Hosbec –Comunidad Valenciana– contra los pliegos de contratación aprobados por el Ministerio de Derechos Sociales. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) emitió ayer sendas resoluciones desestimando los recursos y confirmando la plena legalidad de los pliegos de contratación y levantando la suspensión del procedimiento de contratación que dictó el pasado 5 de agosto. Las patronales de turismo pedían una actualización de las condiciones porque estiman que los precios del programa están «muy por debajo de los costes».