Jarro de agua fría para los 130.200 canarios que cobran el salario mínimo interprofesional. El Gobierno central aprobó ayer la congelación del SMI para el 2021, a expensas de hallar un consenso para su revisión. El Consejo de Ministros dio luz verde a una disposición adicional que debe publicar presumiblemente hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que prorroga el SMI en 950 euros mensuales. El texto redactado por el Ministerio de Trabajo argumenta la congelación, durante un periodo de “tiempo indefinido”, para “garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo social”.

El salario mínimo se ha enquistado como un nuevo punto de disenso entre los socios del Gobierno de coalición (y con matices dentro del propio PSOE). Y el Ministerio de Trabajo, ante la falta de entendimiento tanto entre patronales y sindicatos como en el seno del propio Ejecutivo, ha buscado tiempo para facilitar mayores acercamientos. Ello pese a que el Estatuto de los Trabajadores solo reconoce “consulta previa” a los agentes sociales, pues compete exclusivamente al Ejecutivo decidir si el SMI sube o no y cuánto. El principal escollo no es tanto la falta de entendimiento entre una patronal que rechaza cualquier incremento y unos sindicatos que aspiran a subidas, sino la falta de una posición común en el Consejo de Ministros.

El texto llevado al BOE aduce que el “contexto social y económico de especial dificultad” precisa de dar “continuidad a los trabajos de la mesa del diálogo social”. No obstante, también apostilla que ello tiene por objetivo dar “continuidad a la senda de crecimiento de esta variable [salario mínimo] en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito europeo e internacional”, según reza.

El Ejecutivo alega que existe “un contexto social y económico difícil” para el alza

La prórroga del Consejo de Ministros no detalla qué margen tendrá el diálogo social para alcanzar un acuerdo y cuándo el Ejecutivo, con o sin entente, aplicará su propio criterio. Tampoco si, en el caso de que finalmente se impusiera un incremento, este sería retroactivo a efectos del 1 de enero del 2021 o no.

El acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos incluye que el SMI alcance el equivalente al 60% del salario medio español al finalizar la legislatura. No obstante, hasta ahora no se ha pactado ni internamente, ni con los agentes sociales, el calendario de revisiones para cumplir con dicho compromiso. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido durante las últimas semanas en que la crisis del coronavirus no es argumento suficiente para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez emule al de Mariano Rajoy, que en 2012 y 2014 apostó por la congelación. Díaz es partidaria de una subida de, al menos, el 0,9% para 2021, como la adoptada para pensiones y sueldos públicos, que implicaría añadir 8,5 euros al SMI actual, hasta los 958,5 euros al mes.

Por su parte, los sindicatos exigen la negociación de un nuevo acuerdo “de forma inmediata”. Tanto CCOO como UGT reclaman que se agilice el diálogo social para alcanzar un pacto que “tenga en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general”.

UGT avisa que convocará movilizaciones en febrero si no se alcanza un acuerdo

Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, confía en que el Gobierno cumpla con sus promesas y “cómo mínimo” suba el SMI a 1.000 euros al comienzo de 2021. El representante sindical considera que la coyuntura económica es la adecuada para el incremento y asegura que “las anteriores subidas no han roto el crecimiento económico ni han hundido a las empresas”. Desde UGT advierten de la convocatoria de movilizaciones a partir de febrero si no hay acuerdo de subida.

Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de CCOO Canarias, tilda de positiva la prórroga para poder continuar con el diálogo durante el primer mes del año y confía en que el SMI alcance los 1.200 euros antes de que termine la legislatura. “Las subidas de los últimos años han tenido un gran impacto en Canarias, somos la comunidad autónoma más beneficiada por estos incrementos. Es esencial seguir luchando”, explica.