La transición energética será la palanca del crecimiento socioeconómico de la Unión Europea, en general, y de España, en particular, durante la próxima década. Así lo manifestaron los expertos convocados a la mesa de debate online España y el reto de la transición energética, celebrada por Prensa Ibérica con la colaboración de Heineken España y Aldro Energía el 11 de noviembre pasado.

El debate, moderado por Fausto Oviedo, asesor delegado de la Asociación de Empresas de Energías Renovables en Baleares, puso de relevancia las enormes posibilidades para España en esta revolución energética pero también la necesidad de comprometer a todos los agentes con el cambio.

El Pacto Verde Europeo representa la estrategia de crecimiento de la Unión Europea para los próximos años, la hoja de ruta para una economía sostenible hasta alcanzar la ansiada neutralidad climática en 2050 gracias a la des carbonización de la economía y un marco normativo, político, jurídico y financiero adecuado a este objetivo. Europa ya es líder tecnológico mundial en energía renovable.

Todos los países miembro, incluido España, han adaptado la estrategia europea a planes nacionales con los que encauzar su particular camino hacia la neutralidad climática que suponga la des carbonización de la economía, una senda de la que tampoco la pandemia nos ha alejado, según introdujo en el debate el Juan González Mellizo, analista político de la Representación en España de la Comisión Europea. "La prioridad a corto plazo para las instituciones europeas y nacionales es vencer la pandemia y sus repercusiones económicas y sociales pero la transición energética será una importante palanca para ello", dijo.

De hecho, los Estados miembros deberán dedicar el 37% del presupuesto del fondo de recuperación en generar crecimiento y empleo a través de la transición ecológica. En concreto, España recibirá 140.000 millones de euros.

Con el objetivo de lograr un porcentaje del 30% de fuentes renovables en la electrificación, duplicar la tasa de renovación en edificios, hacer que sean el 24% del transporte, reducir a un tercio el consumo de petróleo y a un cuarto el de gas, la UE ha dotado a sus Estados del Mecanismo para una Transición Justa, una herramienta que facilitará apoyo financiero y a medida para ayudar a los trabajadores y generar las inversiones necesarias en aquellos países con abundante viento y sol, como España.

La Unión Europea también se ha fijado el reciente objetivo de reducir un 55% los gases de efecto invernadero para el año 2030. "Objetivo ambicioso pero viable", en palabras de Juan González Mellizo. "Para alcanzarlo, trabajaremos diplomáticamente con otros países buscando la conciliación pero la Unión Europea impondrá asimismo un impuesto en frontera a la importación de CO2", avanzó el analista de la Comisión Europea. "Estamos ante una revolución industrial que afecta a todos los sectores de la economía", contextualizó. "El energético se coloca en el centro pero el transporte, la biodiversidad, la agricultura, el consumo, la economía circular, y el transporte están íntimamente ligadas".

La España vaciada

Una transición que Capital Energy quiere aprovechar para contribuir a resolver los problemas de la España vaciada. El director de Digital y Sostenibilidad de la compañía, Víctor Gimeno Granda, defendió la estrategia de sostenibilidad de la firma de renovables, ligada a la creación de riqueza y empleo en el mundo rural. "Tenemos planes para 1.000 municipios de 40 provincias, fundamentalmente afectadas por el desmantelamiento de actividades mineras y de centrales térmicas, donde localizaremos proyectos estratégicos que impulsen el empleo y reduzcan la brecha de desigualdad que sufren estos territorios", detalló.

"La idea no es solo salvar el planeta sino generar al mismo tiempo puestos de trabajo, asegurar el abastecimiento de energía y aumentar la competitividad de las empresas", coincidió a su turno Antonio Colino, director general de Aldro Energía. "Este objetivo requiere cambios muy profundos en el modo en que vivimos y consumimos y funcionan empresas e industrias", apuntó el responsable de la comercializadora en consonancia con el resto del panel y, en particular, con el director de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Heineken España, Mauricio Domínguez Adame, quien aprovechó la ocasión para explicar los planes de sostenibilidad de la compañía bajo el mando de su estrategia Green Over the World.

Apuesta por el verde

Como consumidor de energía, Heineken España se ha comprometido a reducir la huella de carbono en todo su proceso productivo, empezando por el agricultor, para continuar con el consumo de electricidad, el envasado y el transporte. Para ello y entre otras medidas, como explicó su director de RSC, la cervecera e Iberdrola han firmado un PPA (Power Purchase Agreement) para la puesta en marcha de una planta fotovoltaica de 100 hectáreas, suficiente para suministrar electricidad a la ciudad de Cádiz como ejemplo, y que evita la emisión de 15.000 toneladas de CO2 . "Queríamos ir al cien por cien de la energía eléctrica renovable y sostenible y lo hicimos con esta opción innovadora en España", reconoce.

Los expertos también pusieron el foco en el consumidor final y, sobre todo, en aquel más vulnerable y con dificultades para hacer frente a la factura energética. Tanto Juan González Mellizo como el resto de participantes incidieron en la importancia de dar prioridad a estos ciudadanos a la hora de acceder a viviendas eficientes. Antonio Colino, de Aldro Energía, introdujo además la necesidad de moderar oferta y demanda, concienciando al consumidor final de adaptarse a los momentos de alta y baja producción.

Como intermediario en la producción de energías renovables, Gabriel Leal, director general de Signus, una fundación sin ánimo de lucro dedicada al reciclaje de neumáticos para la producción de energía, puso en valor el caucho natural como combustible para la producción de energía en industrias cementeras y de generación. La Fundación, que trabaja con una red de 36 gestores y recupera 200.000 toneladas anuales de neumáticos en 25.000 puntos de España, mide desde 2018 la huella de carbono producida por sus agentes con la intención de reducirla al máximo. Una política acompasada con la voluntad de hacer real la necesaria transición energética más pronto que tarde.