Mientras la fumata blanca de la negociación de los ERTE se hace esperar, los autónomos ultiman sus propias negociaciones para pactar la renovación de sus ayudas públicas. El próximo 30 de septiembre vencen las medidas excepcionales habilitadas por el Ejecutivo, como las bonificaciones de cuotas, la compatibilidad de la prestación del cese de actividad con otros ingresos o la ayuda especial para autónomos de temporada. Las principales organizaciones del colectivo (ATA, UPTA y Uatae) intercambian estos días propuestas, a expensas todavía de debatir el borrador definitivo.
A falta de menos de una semana, y con solo un Consejo de Ministros ordinario de por medio, la renovación de las ayudas para los autónomos transitan en paralelo a los ERTE. Las conversaciones en este último frente siguen todavía sin poder cerrar un acuerdo y ayer, tras nueve horas de reunión, tampoco ha sido posible. La bancada sindical, no obstante, se encuentra bastante predispuesta a dar su 'ok' definitivo. La patronal está todavía lejos de querer firmar una nueva prórroga con las actuales condiciones.
Más allá del embarre con los ERTE, el esquema planteado por la Seguridad Social para renovar las ayudas es parecido en ambas mesas de diálogo social. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, José Luis Escrivá ha dispuesto, por un lado, recuperar un cese de actividad excepcional para los autónomos más afectados por los cierres gubernamentales o los rebrotes y, por el otro, sostener una cobertura mínima para los que arrastren mayores descensos de facturación.
La negociación con los agentes sociales pivota sobre tres ejes y viene guiada por un planteamiento al alza. Por un lado, hay consenso entre las entidades sobre la necesidad de recuperar parcialmente el cese de actividad extraordinario. Un pago, cuya cuantía más habitual fue de 661 euros mensuales, y que llegaron a percibir 1,4 millones de personas en el punto álgido del confinamiento. El Gobierno pretende recuperar esta medida, mediante una fórmula que todavía se está negociando.
Esta ayuda decayó en la última prórroga, del 30 de junio, y los agentes sociales ven imprescindible recuperarla, especialmente para aquellos sectores que no están pudiendo reactivar sus negocios. Un planteamiento muy similar al que la Seguridad Social está haciendo con los ERTE, para los que ha puesto encima de la mesa exoneraciones de casi el 90% para las compañías de sectores especialmente castigados, como el turístico. Una medida que la CEOE no acaba de ver y pide que se abra a todos. Según datos del último barómetro de ATA, publicado ayer, unos 250.000 autónomos (7,7% del total) llevan cerrados desde marzo. Y, si se suman los cierres por nuevos rebrotes o tras la fallida temporada turística, la cifra se eleva a unos 430.000 autónomos (el 13,5%).
Los otros dos puntales de las negociaciones son la flexibilización del acceso a la ayuda para autónomos por temporada y la renovación de la posibilidad de compatibilizar el cese de actividad ordinario y otros ingresos laborales. En ambas medidas coinciden de manera unánime ATA, UPTA y Uatae y piden una renovación con criterios más laxos para aumentar la cobertura.
La primera medida, la pensada para feriantes, músicos o guías turísticos, solo ha llegado al 1,5% de los potenciales beneficiarios. Y la segunda ha tenido algo más de éxito, aunque no ha llegado ni al 5% de todo el colectivo.
Esas son las piezas de una negociación que el ministerio de Seguridad Social y organizaciones coinciden en plantear al alza. En septiembre un total de 148.067 trabajadores por cuenta propia se beneficiaron de la prórroga del escudo social del Gobierno. Esta cifra, según las primeras aproximaciones del ministerio de José Luis Escrivá, se doblaría en cobertura con la nueva prórroga.
El objetivo del Ejecutivo central es dar cobertura a cerca de 300.000 trabajadores por cuenta propia, lo que equivale al 10% del colectivo (3,2 millones operativos en toda España). "Somos optimistas y vemos voluntad por parte del Gobierno de dar cobertura al máximo número posible de autónomos", afirma el presidente de Upta, Eduardo Abad. Un planteamiento que no comparte el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que se ha mostrado "pesimista" ante la última oferta del Gobierno.
