La compleja relación de siempre entre las dos formaciones nacionalistas canarias, CC y NC, ha tenido su expresión más insólita y llamativa en la tramitación de los presupuestos del Estado de los últimos años. El último ejemplo de esta tensión se ha dado durante el paso de las cuentas estatales de 2023 por el Congreso, cuando de facto ya sólo CC dispone de representación en la Cámara tras la cesión del escaño de Pedro Quevedo a María Fernández en julio pasado, pero el pique viene de lejos y los celos entre ambas formaciones han constituido parte esencial del paisaje de la negociación presupuestaria sobre las partidas canarias con los gobiernos de turno.
En esta última ocasión, la de las cuentas que el pasado jueves fueron aprobadas por amplia mayoría con el voto a favor de las dos diputadas de CC, la propia Fernández y Ana Oramas, el resorte que disparó de nuevo la controversia entre los nacionalistas canarios ha sido el acuerdo del Gobierno con entre la formación que lidera Fernando Clavijo para ese apoyo presupuestario a cambio de una mejora de cerca de 300 millones para las Islas, incluidas partidas contantes y sonantes y medidas sin cuantificar. Un pacto que sentó muy mal en NC porque se producía en un contexto en el que los canaristas no tenían apenas capacidad de maniobra para contrarrestarlo una vez que Quevedo dejó el escaño. Interpretaba el partido presidido por Román Rodríguez que ese acuerdo visualizaba como nunca que los cálculos sobre el reparto del escaño cuando firmaron el acuerdo electoral para repartirse temporalmente el escaño les había fallado y que el último cartucho de la legislatura en ese sentido quien lo iba a aprovechar era Coalición Canaria.
NC estaba convencida al firmar ese acuerdo que no habría terceros presupuestos consecutivos del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, y que la legislatura apenas si daría para que Quevedo ocupara el escaño los dos años y medio que le correspondían. CC no tenía unas previsiones muy diferentes, pero desde que olfatearon hace meses que el gobierno frankesteinn tenía cuerda para rato y que habría presupuestos para 2023, tuvieron muy claro que lo tratarían a rentabilizar el año y medio con dos diputadas. Lo cierto es que no tenían muchas esperanzas de conseguirlo si no constataban que ese par de votos iban a ser imprescindibles para aprobarlos, pero se encontraron con una nueva estrategia del Ejecutivo de intentar ampliar todo lo posible el espectro político de sus aliados presupuestarios para tratar de aislar a la derecha, aunque también por si aspectos externos a la negociación la hacía descarrilar con algunos de sus socios, especialmente ERC.
En todo caso, el pacto alcanzado para apoyar por primera vez unos presupuestos de Sánchez dejó descolocada a NC, que trató de minimizar el valor real de las enmiendas pactadas entre CC y el PSOE, e incluso considerar «disparatadas» algunas de las más significativas, como la de la gratuidad de las guaguas en Canarias durante el próximo año. Quevedo tachó de «lío monumental» la medida y de «despropósito» la rebaja en un 60% del IRPF para los contribuyentes de La Palma durante dos años. Sin entrar en detalles, el propio Román Rodríguez destacaba tras conocer el acuerdo que «los presupuestos son igual de buenos hoy que hace una semana», despreciando así las mejoras logradas por CC.
La formación canarista cierto es que ya había tratado de no quedar al margen presentando quince enmiendas a través del diputado valenciano Joan Baldoví, de Compromís, reclamando mejoras de la ficha canaria por valor de 115 millones, pero en principio no tenía muchas expectativas de lograr gran cosa. Sin embargo, tras conocer el pacto entre CC y Sánchez presionó al máximo ante el principal artífice de este acuerdo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y en el ámbito socialista del Ejecutivo regional para contrarrestar políticamente el efecto de los logros de Coalición y obteniendo finalmente el visto bueno a dos de esas enmiendas, relacionadas aspectos muy significativos de la agenda canaria con Madrid: 70 millones para la atención a menores migrantes no acompañadas, y 20 millones para obras hidráulicas que abre una vía de recuperación del convenio en esta materia.
En apariencia, llama la atención el hecho de que NC haya presentado esas enmiendas a través del diputado Baldoví, con quien Quevedo tiene una muy buena relación, y que no haya tratado de pactarlas con las diputadas de CC para incluirlas en la negociación de esta formación con el Gobierno central, pero lo cierto es que los canaristas excluyeron desde el principio cualquier vinculación de sus demandas con las que planteara la formación de Clavijo. De hecho, las mismas enmiendas aceptadas a NC a través de Compromís también estaban presentadas por Coalición, pero el Gobierno ha preferido repartir juego y negárselas a Oramas y Fernández para que se las pueda apuntar la otra formación nacionalista.
Discordias cruzadas
Desde CC se lamenta de manera oficial que los canaristas no hayan tratado de hacer causa común frete a Sánchez sobre las demandas, pero reconocen que no era posible una negociación nacionalista al alimón cuando ni siquiera se producía cuando Quevedo estaba en el Congreso coincidiendo con Oramas. De hecho, ambas formaciones se han reprochado durante siempre sus respectivas estrategias políticas ante el Gobierno central de turno, mientras que por otro lado han ido menospreciando, relativizando o incluso criticando algunas de las medidas que han pactado en los presupuestos estatales de los últimos años.
Uno de los episodios que ha contribuido a este pique fue el producido durante la negociación de los presupuestos de 2022, en la que CC asegura haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno central para incluir un plan plurianual de reconstrucción para La Palma que fue, según su versión, vetado por NC desde las Islas utilizando su capacidad de condicionar el gobierno regional, para no darle cancha presupuestaria a la formación de Clavijo frente a la que sí se le dio a Quevedo, al que se le aprobaron enmiendas por 100 millones.
Pero los celos no son nuevos. CC resalta que siempre ha apoyado en el Congreso todas las iniciativas relacionadas con Canarias sean del partido que sean. Lo ha hecho durante la tramitación de los presupuestos de 2023, en la que ha votado a favor tanto en comisión como en pleno de todas las enmiendas sobre las Islas, entre ellas las de NC a través de Baldoví. Sin embargo, Oramas no mencionó en su valoración final de las cuentas la inclusión de los 70 millones logrados por NC pese a ser partidas que ella también había reclamando. Los canaristas suelen recordar en este sentido que CC relativizó primero, para luego intentar apropiarse de él, uno de sus grandes logros presupuestarios de los últimos años, el aumento del 50 al 75 % del descuento al transporte aéreo, primero interinsular, el 2017, y luego entre Canarias y la Península, en 2018, pactado por Quevedo con el gobierno del PP de Mariano Rajoy. Desde la otra formación nacionalista se asegura sin embargo que ellos habían retirado sus enmiendas a ese respecto para, tras haber conseguido otras medidas importantes para Canarias en esos presupuestos, el Gobierno de Rajoy pudiera incorporar un voto, el de Quevedo, considerado por ello el ‘diputado 176’, que le era imprescindible para aprobarlos.
«Más fuertes y unidos que nunca»
Nueva Canarias afirmó ayer que el «incidente administrativo» que llevó a la eliminación de su marca en el Registro Nacional de Partidos «está categóricamente e inequívocamente resuelto», por lo que estarán en las elecciones de 2023 «más fuertes y unidos que nunca». Así lo expresó ayer el presidente de NC, Román Rodríguez, quien ratificó que el juzgado responsable de la sentencia por la que fue expulsado de ese registro «ha aceptado el recurso de nulidad», con lo que, a su juicio, «ha primado el derecho a la defensa, que había sido cercenada». De esta forma, se anula la sentencia y se retrotrae el procedimiento a la notificación que, de acuerdo a Nueva Canarias y al juzgado, no se hizo «en forma», de modo que con la presentación de la actualización (en base a la Ley Orgánica 3/2015) de los estatutos de la formación política quedaría archivada esta causa. Rodríguez afirmó que NC «ha cometido errores y los ha corregido», pero eso «no puede llevar a la eliminación de un partido», lo que interpreta como un «castigo desproporcionado». Se solicitó la actualización de los estatutos, pero «no se nos notificó de forma fehaciente», por lo que «no pudimos defendernos y actualizar este asunto», algo en lo que coincide la Fiscalía y la Abogacía del Estado, remarcó. El presidente de Nueva Canarias y vicepresidente del Gobierno regional denunció «el comportamiento antidemocrático del Partido Popular y Coalición Canaria «en este asunto porque, en su opinión, es «inaceptable» que «hayan tratado de confundir a la opinión pública con un tema administrativo vinculándolo al derecho penal». «Han tratado de confundir», en un «intento de quitar los recursos que legítimamente nos corresponden». | Efe
