La Fiscalía solicita 19 años y medio de prisión para cada uno de los acusados de ejercer como patrones y controlar la comida o el agua en el cayuco que llegó a aguas próximas a El Hierro a comienzos del año 2021 con cuatro cadáveres a bordo y 19 supervivientes, pero que supuestamente partió de la costa de Mauritania con sesenta migrantes subsaharianos. El juicio por este caso está previsto que se celebre a finales del presente mes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La fiscal delegada de Extranjería y Cooperación Jurídica Internacional, Carolina Barrio, plantea en su escrito de calificación que los acusados, todos mayores de edad y sin antecedentes penales, tenían el objetivo de procurarse una ventaja patrimonial y actuaron en connivencia con los organizadores del viaje, que se quedaron en tierra.
Además, en base a la investigación desarrollada por integrantes del Grupo II de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad documental (Ucrif) de la Policía Nacional, los ahora implicados aceptaron de manera concertada y conjunta hacerse cargo del manejo de una embarcación para llegar a Tenerife.
Arriesgada singladura
Considera el Ministerio Público que los ahora acusados «favorecieron y facilitaron con su indispensable actividad, teniendo en cuenta lo arriesgado de la singladura, la inmigración clandestina hacia nuestro país, al carecer todos los ocupantes de la patera de las necesarias autorizaciones administrativas de entrada y permanencia en España».
A las personas que viajaron en dicho cayuco les dijeron que la travesía duraría cinco días entre la citada costa africana y Canarias. Pero la realidad fue muy distinta y, desde luego, muy trágica.
Según los testimonios recogidos por parte de los investigadores de la Policía Nacional, durante todo el viaje los patrones se encargaron de patronear, asumir el mando y la dirección de un barco a bordo del cual viajaron hacinadas unas sesenta personas. La travesía se desarrolló con «evidente riesgo para la salud, en la situación sanitaria de pandemia declarada», sin distancia de seguridad ni mascarillas, en base a las circunstancias existentes en aquel momento.
A cada uno de los migrantes se les cobró unos 400 euros por el viaje. Los ahora acusados también se encargaban de repartir y racionar la comida y la bebida, «cuyo manejo y distribución quedaba a su voluntad». Para ello, según la declaración de los afectados, no dudaron en lanzar amenazas de muerte contra los ocupantes de la embarcación si no hacían caso a sus órdenes. Para ello, llegaron a esgrimir un machete.
Barco inadecuado
El barco empleado por los acusados «era absolutamente inadecuado para el viaje realizado», indica la Fiscalía, debido a sus reducidas dimensiones, unos 14 metros de eslora y dos metros de manga, para llevar a sesenta personas.
El cayuco estaba equipado con dos motores y las autoridades estiman que se puso en riesgo la vida e integridad física de los migrantes, al carecer de las medidas de seguridad y estabilidad necesarias para enfrentarse a las condiciones de una travesía en alta mar.
Así, por ejemplo, los migrantes carecían de chalecos salvavidas, herramientas para poder reparar las averías, luces de posicionamiento que marcaran su ubicación ante otras embarcaciones, instrumentos de comunicación en caso de emergencia o medio alguno para protegerse del sol, el viento o la lluvia en las jornadas de viaje.
Los acusados presuntamente usaron un machete para hacer amenazas de muerte a víctimas
A merced del mar
Además, las personas que habían pagado por el viaje disponían de escasos víveres. La situación se agravó de forma considerable a los cinco días de travesía, cuando perdieron un motor, por lo que quedaron a merced del mar. Y en ese momento también empezó a escasear la comida y la bebida.
Al final, los supervivientes fueron localizados y rescatados por una embarcación de Salvamento Marítimo, que los trasladó hasta El Hierro. Al final, en el cayuco había 19 personas vivas y cuatro cadáveres. Y varios de los que llegaron con vida a dicha Isla sufrieron diversas lesiones o afecciones, como graves episodios de deshidratación.
Deshidratados
Uno de los afectados tuvo, por ejemplo, hiperartemia por deshidratación y rabdomiolisis por inmovilización prolongada e insuficiencia renal aguda. Para su recuperación necesitó ocho días de hospitalización con tratamiento de curas y sueroterapia.
En otro caso, si no hubiese recibido atención médica, hubiera fallecido por los mismos síntomas que la persona anterior. Un tercer migrante requirió 25 días de ingreso en un centro hospitalario para poder superar la deshidratación grave y la insuficiencia renal.
Días antes del rescate
Como consecuencia de lo arriesgado de la travesía, explica la fiscal, así como de la dureza y ausencia de condiciones de seguridad, cuatro de los ocupantes, cuyas identidades no han podido quedar fijadas, fallecieron de hipotermia entre uno y tres días antes de que fueran localizados por Salvamento Marítimo.
Todos los acusados permanecen en prisión preventiva desde que fueron puestos a disposición judicial por parte de los policías nacionales de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad documental.
Cada uno de los migrantes embarcados pagó 400 euros al grupo organizado
Tres delitos diferentes
El Ministerio Público solicita siete años de prisión por el delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros; ocho años de cárcel por los cuatro delitos de homicidio imprudente, así como otros cuatro años y medio de privación de libertad por los nueve delitos de lesiones imprudentes. La fiscal solicita que se cite para el juicio a intérpretes de bambara, francés y wolof para asistir a los acusados y los testigos en el juicio. Para la vista oral, el Ministerio Público solicita que se tome declaración a los guardias civiles que realizaron la inspección ocular de la embarcación, así como a los integrantes de la Policía Nacional que efectuaron las pesquisas. Además, se pide la intervención de un perito forense para que explique cómo se hallaron los cuerpos.
