En el Parlamento de Canarias el ahorro energético tiene truco. Durante la primera hora o quizás hora y media del pleno el sistema de aire acondicionado permanece desconectado. Sus señorías se quitan las chaquetas, se aflojan las corbatas, sacan los abanicos, pagan su sudoroso diezmo a la lucha contra el cambio climático. Transcurrido dicho tiempo alguien da la orden y el sistema comienza a funcionar y todos se acomodan tan ricamente. Al poco rato otra vez se ponen las chaquetas, se deja en paz a las corbatas y desaparecen los abanicos y algunas de sus señorías, incluso, se ponen una rebequita. Creo que son los movimientos más trascendentales que se registraron ayer en la Cámara.
Rebequitas aparte el Gobierno tuvo como principal misión ayer dejar claro que el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2023 era extraordinario: una aurora boreal progresista que ilumina el futuro de todos y cada uno de los ciudadanos y que en Canarias, incluso, corremos el peligro de quedarnos ciegos. Todos los portavoces de los grupos parlamentarios que respaldan al Ejecutivo coincidieron en un argumento básico pero deslumbrante: solo un canalla –o tal vez un oligofrénico– rechazaría votar positivamente al proyecto presupuestario. Y eso antes, incluso, de que sea debatido en la Cámara y se presenten y debatan enmiendas. Es un entusiasmo propio de los ganadores de la lotería de Navidad que son entrevistados en el bar del pueblo por la televisión por haberse sacado un décimo. Como dijo Melody Mendoza, siempre brillante musa de sí misma, «hay que agarrarse a un clavo ardiendo para rechazar estos presupuestos generales del Estado». Lo dijo con la seguridad de quien no ha visto un clavo en su vida. El cronista admite cierta debilidad por Melody Mendoza. Es la concurrente que mejor simula ser diputada de todas las fantasmagorías presentes en la Cámara.
Antes llegaron las preguntas de rigor al presidente del Gobierno. Las respuestas del presidente, forzoso es reconocerlo, son cada día más mecánicas y aburridas. Ángel Víctor Torres parece que está pensando en otra cosa cuando responde a sus señorías. No le culpo. Un servidor, humildemente, haría lo mismo. Las contestaciones del presidente Torres son básicamente hegelianas, una fenomenología del espíritu tamizada por la luz de los atardeceres de Arucas: tesis, antítesis y síntesis rataplán. La tesis es siempre un dato económico o social admirable que ha conseguido su Gobierno luchando contra innúmeras desgracias. La antítesis es el populismo, la superficialidad y la falta de rigor de la oposición, una lástima. La síntesis es la voluntad de su equipo de terminar la tarea de construir unas Canarias más prósperas, más justas, más resilientes, más ilustradas. Entonces el presidente se sienta y espera la siguiente pregunta mientras a su lado su vicepresidente, Román Rodríguez, asiente enarcando las cejas. Este comportamiento se rompe parcialmente cuando quien pregunta es Manuel Domínguez, líder del PP, porque entonces el presidente responde con la diabólica gestión de los conservadores en otras comunidades autónomas. Torres nunca responde a Domínguez, sino a Isabel Díaz Ayuso, a Juan Manuel Moreno o incluso a Núñez Feijóo. Después remata diciendo que el PP gobierna para los ricos y los socialistas (y desde luego su gobierno) para la mayoría social. El corolario último de estas aseveraciones, como es lógico, es que Díaz Ayuso y Moreno han conseguido sus éxitos electorales a) con el exclusivo voto de los ricos, o b) porque la mayoría es de una imbecilidad intachable. Pero al presidente se le ve muy satisfecho de estos sofismas democráticos y los repite cada día más intensamente. Ayer le explicó a Domínguez lo mal que funciona la sanidad pública madrileña, por ejemplo, lo cual seguro que es un hermoso consuelo para una señora de Tamaraceite o El Escobonal a la que han dado cita para operarse urgentemente la rodilla en mayo del próximo año.
Ricardo Fernández de la Puente preguntó sobre el régimen especial concedido por la munificencia del presidente Pedro Sánchez a Baleares y le transmitieron que es una tontería sin importancia. Casimiro Curbelo profetizó que el aumento demográfico de Canarias obligaría a que se fortalecieran los servicios sociales y Torres le dio la razón porque estaba muy bien visto. A continuación intervino Manuel Marrero y pronunció una larga oración sobre la corrupción de la judicatura, y de los medios de comunicación, y por supuesto también de los medios de comunicación en Canarias, cuánta vileza, y después advirtió al Universo Mundo que Podemos «por vergüenza democrática» no retiraría su propuesta de que la magistrada en servicios especiales Victoria Rosell ocupara una plaza en el Consejo General del Poder Judicial. «Hablan de no politizar la justicia y todos conocemos a jueces que tienen carnet del PP», proclamó de puntillas sobre el Monte Sinaí. Sin duda existen jueces con carnet del PP o del PSOE o de Ciudadanos pero no se trata de eso, sino de que Podemos pretenda que un alto cargo del Gobierno –Delegada contra la Violencia de Género, con rango de subsecretaria de Estado– pase directamente del Ejecutivo al CGPJ. A Marrero –como a la gran mayoría de sus compañeros de partido– la separación de poderes le importa un higo-pico y cabe sospechar que ni siquiera la comprende del todo. Todo esto para preguntarle a Torres su opinión sobre los controles de la corrupción en las administraciones públicas. El presidente del Gobierno lo tranquilizó: estaba en contra de la corrupción, esas cosas se vigilaban mucho y la corrupción, aparte de la mamandurria en sí, provoca desafección al sistema democrático entre los ciudadanos, que es una sabiduría que también repite Torres constantemente. Y todo transcurrió más o menos así hasta que Vidina Espino soltó la bicha.
«Al hablar de corrupción», dijo, «creí que se iba a preguntar por Blas Acosta, su viceconsejero de Economía, porque hoy se le abre juicio oral por el caso Gesturpa, en el que el fiscal le pide cuatro años y tres meses de cárcel». Según el código ético del PSOE, se debe expulsar del partido y suspender de cargo público a un afiliado en el momento en el que se le abra juicio oral en relación a asuntos de corrupción política. Por supuesto, el secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, el hombre bueno al que angustia que los comportamientos corruptos provoquen desafección democrática, no ha movido un dedo para que Acosta sea expulsado de la organización socialista. Medio gobierno y toda la bancada del PSOE irrumpieron en una marejada de protestas. El mismo Torres dirigió la mirada enfurecida al presidente de la Cámara, Gustavo Matos, diciéndole (se pudo escuchar claramente) que ya estaba bien. Por fortuna Matos aguantó el tipo, pidió silencio a sus señorías y le indicó a la diputada que continuase con su intervención. En las próximas semanas don Blas Acosta será Aquel Cuyo Nombre No Puede Pronunciarse. ¿Es escandaloso? Evidentemente. ¿Es el retrato de una hipocresía deslumbrante y un escupitajo al rostro de los ciudadanos contribuyentes? Por supuesto. ¿Un síntoma de degradación democrática consentida por un Gobierno instalado en la superioridad moral como un rajá sobre un montículo de cojines dorados? No lo duden.
¿Y?
Después llegó el debate presupuestario. Posturas irreconciliables cuya elucidación exigiría mucho espacio. Lo más razonable –muy elemental, pero muy razonable– fue la posición expuesta por el portavoz de CC, José Miguel Barragán: «Unos presupuestos no son ni inmejorables ni desastrosos, son una propuesta estratégica de acción política sobre una relación de gastos e ingresos que puede mejorarse o no desde los intereses de cada grupo». Es el pragmatismo al que no está dispuesto a reducirse el Gobierno y los partidos que lo sustentan. No, el proyecto presupuestario diseñado por María Jesús Montero y su equipo «es el mejor presupuesto del Estado para Canarias en toda la historia democrática», como cinceló en el aire mismo del mediodía Iñaki Lavandera, probablemente el único diputado socialista capaz de entender el documento. Lavandera incluyó hasta el coste de los plátanos que consume Pedro Sánchez en La Moncloa para elevar una cifra de cientos de millones tan elevada en transferencias e inversiones del Estado que el año que viene, por estas fechas, todas las calles de las islas estarán chapadas en oro, no existirá un solo paciente en lista de espera y podremos suscribir una segunda hipoteca. Román Rodríguez, que sustituyó al presidente en la defensa de los presupuestos generales del Estado para 2023 –pero qué chifladura lo de estos andurriales macaronésicos– le explicó a la oposición que se pusieran como quieran, arriba, abajo, de lado, que el Gobierno seguiría defendiendo a la mayoría social y, especialmente, a los más necesitados. Más que una intervención lo suyo fue una cumbia. Un pastón para sanidad, un pastón para educación, un pastón para la dependencia, mejorar pensiones y prestaciones de desempleo. Hablando seriamente, ¿para qué bajarle una media de 90 euros a la gente en el tramo autonómico del IRPF, tal como anunció Torres y repitió Rodríguez? ¿No es un exceso, francamente? A ver si vamos a pasar de pedigüeños a gente a la que la mala conciencia de un trato tan espléndido nos lleve a manifestarnos para que en Pontevedra, o en Leganés o en Valencia –por no hablar de Baleares– vivan tan bien como nosotros. El canario siempre ha sido generoso con los otros. Como Torres con Blas Acosta.
