La Ley de Costas de 1988 ha traído de cabeza a Canarias desde su promulgación y la reforma que realizó el Gobierno de Rajoy en 2013 tampoco solucionó los problemas de los barrios afectados por la normativa como es el caso de Ojos de Garza o Tufia en Gran Canaria; Bocacangrejo en Tenerife o Valle Gran Rey en La Gomera. En los últimos años ha saltado a la palestra la situación de los núcleos de Punta Larga y El Faro en La Palma, que han acabado en los tribunales para evitar que se ejecute la orden de derribo que pende sobre ellos.
El abogado y portavoz de la plataforma de afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, lamenta que se desperdiciara la oportunidad en 2013 para que Canarias también tuviera excepciones como sucedió con la isla de Formentera y varios núcleos poblaciones de algunas comunidades autónomas.
Canarias quedó fuera pese a las peticiones que se hicieron desde las Islas y Langa vuelve a la carga para que la normativa estatal exceptúe a los poblados asentados en el litoral antes de la Ley de Costas, con el fin de que se les consolide urbanísticamente y pueda acabar la incertidumbre que pesa sobre los vecinos.
El caso de La Palma motivó que el PP en el Senado intentara una reforma puntual de la Ley de Costas para salvar a estos núcleos y otros por su valor etnográfico y urbanístico.
La iniciativa no prosperó pero Langa no ceja en el empeño de que Canarias sea tenida en cuenta al margen de que se estudie la situación de estos poblados con el Gobierno canario ahora cuando asuma las transferencias de costas.
Pero no solo se trata de un trabajo de la Comunidad Autónoma y los vecinos afectados.
