El Gobierno canario acaba de firmar el traspaso de la gestión de costas, competencia que será efectiva a partir del 1 de enero, y ahora toca analizar los numerosos expedientes que hay sobre la mesa y que están estancados en la Demarcación de Costas y en Madrid. Pero el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ya lanza un aviso a navegantes ante las expectativas generadas en los afectados: «el traspaso de estas competencias no supondrá una reinterpretación de la ley vigente para favorecer determinados intereses». Lo que sí habrá es una «mayor cercanía» en el análisis de los procedimientos en curso aunque con la vista puesta, según el Ejecutivo regional, en «proteger el litoral como uno de nuestros bienes naturales más preciados».
Empresarios del sector turísticos, los miles de afectados por los deslindes costeros, las organizaciones ecologistas y otros colectivos esperan que la asunción de la gestión del litoral por parte de la Comunidad Autónoma dé más agilidad a la solución de los múltiples expedientes que hay en Canarias por el incumplimiento de la Ley de Costas o por las concesiones en el litoral. En este sentido, la Consejería de Transición Ecológica ha mostrado su predisposición a reunirse en los próximos meses, en una ronda de consultas y encuentros, con todas estas organizaciones pero también con las corporaciones locales y particulares vinculados a este tipo de expedientes «para compartir la visión que el Gobierno canario tiene en cuanto a la gestión de esta competencia y cómo se procederá en los primeros meses de gestión».
Mientras se convoca a los afectados, el departamento que dirige José Antonio Valbuena y el Ministerio de Política Territorial constituirán próximamente una comisión técnica para analizar todos los expedientes que están en marcha en Canarias en materia de costas, algunos de ellos estratégicos por verse afectados establecimiento hoteleros o núcleos poblacionales enteros y que cuentan con procedimientos abiertos desde hace años.
Nuevos empleos
Ante la magnitud de los expedientes que hay pendientes en las Islas, el titular de Transición Ecológica confirmó que este traspaso de competencias supondrá la delegación de 20 puestos de trabajo por parte del Ministerio, «que se verán reforzados por otros 25 efectivos propios que se crearán en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias». Valbuena confía en tener una hoja de ruta una vez realizado este análisis en la comisión y los contactos que se establezcan con los afectados para que la transición entre una Administración y otra «sea mucho más sencilla para el personal técnico y político que asumirá esta labores», según el consejero. Eso sí, en el trasfondo de esta nueva competencia se encuentra el cumplimiento de una ley que es estatal, que siempre ha sido controvertido y que ha provocado choques constantes entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Aunque no se «reinterpretará» la normativa, los afectados sí esperan no solo más diligencia en la tramitación de los expedientes, sino mayor flexibilidad en las sanciones administrativas.
Los intereses en juego son muchos. Las patronales hoteleras quieren soluciones para hoteles como Oliva Beach y Tres Islas, en Fuerteventura, pero también para las actividades de ocio en la costa caso chiringuitos y concesiones de hamacas; las renovaciones de los centros comerciales en las zonas turistas más cercanas al mar o las inversiones para adecentar los paseos marítimos.
En el caso de los núcleos poblaciones, se estima que más de 100.000 personas habitan o poseen una vivienda afectada por la Ley de Costas, sobre las que pende su demolición por estar en la zona de servidumbre marítimo terrestre. Ahora las asociaciones que les representan esperan que la «cercanía» de la nueva Administración competente les beneficie, sobre todo aquellos núcleos y casas más antiguas anteriores a la Ley de Costas.
Los vertidos ilegales al mar y la explotación descontrolada del litoral también son cuestiones que tendrá que gestionar la Comunidad Autónoma a partir de enero de 2023, cuando tenga las transferencias en su poder.
Concesiones y obras en el litoral
A partir de enero Canarias dispondrá de competencias, entre otras materias, de autorizaciones de dominio público, de las zonas de servidumbre o de concesiones demaniales, así como en obras y actuaciones en el litoral de las Islas. El Archipiélago se pone a la altura de Andalucía y Cataluña en competencias, uno de los principales objetivos políticos del Gobierno regional cuando se iniciaron las conversaciones con el Ejecutivo central. El Estatuto de Autonomía da amplio margen a la Comunidad Autónoma para gestionar el litoral, si bien la servidumbre marítimo terrestre seguirá siendo de competencia estatal y aquellas actuaciones de interés general y especialmente relevantes tendrán que ser autorizadas por ambas administraciones, de tal forma que el Gobierno regional debe ser informado de las mismas aunque sea el Estado el que decida en última medida. Pese a que se llegó a un acuerdo político hace meses, el traspaso de los medios materiales y humanos dilató el proceso negociador.
