38.300 personas esperan desde febrero, cuatro meses, por la publicación de la lista definitiva de personal interino de la Administración de Justicia en Canarias. Así lo reconoció ayer la viceconsejera de Justicia del Gobierno autónomo, Carla Vallejo, durante una comparecencia en el Parlamento regional a preguntas del Grupo Popular. Vallejo anunció en la Comisión que está previsto que la lista definitiva de selección de los nuevos empleados públicos se conozca el próximo mes de septiembre. Es decir, 17 meses después de que se hubiera iniciado el proceso.
Las pruebas convocadas tienen como objetivo cubrir puestos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, así como de auxilio judicial. La viceconsejera recordó que la lista definitiva que sí se conoce ya es la de médicos forenses.
Tras las críticas de la diputada del PP Astrid Pérez por la situación, Vallejo contestó que el Gobierno canario afrontó en la actual legislatura un nuevo proceso de incorporación de personal interino, que no se realizaba desde el año 2009.
La viceconsejera defiende que, en los diez años posteriores, dos Ejecutivos intentaron llevar a cabo un procedicimiento similar, pero no lo consiguieron. Además, sostiene que el actual proceso se ha desarrollado «de forma más ambiciosa y rigurosa» que en anteriores ocasiones, con el objetivo de que los trabajadores interinos que sean seleccionados cumplan con los perfiles adecuados que se necesitan en diferentes órganos judiciales del Archipiélago.
La valoración de los 38.300 aspirantes se ha tenido que desarrollar de forma «pormenorizada» por parte de un comité de selección, trató de justificar. De hecho, transcurrió un año desde que se presentaron las solicitudes hasta que se conocieron las listas provisionales. Y, a partir de ese momento, el citado órgano de valoración ha tenido que estudiar las 4.000 alegaciones planteadas a las mencionadas listas provisionales. A juicio de la viceconsejera de Justicia, con ese volumen de aspirantes los tiempos «difícilmente» podrían haber sido «más cortos».
Astrid Pérez, igual que hicieron en su turno de preguntas los representantes de CC, también criticó la organización, la planificación y el funcionamiento de los institutos de medicina legal de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. En el caso concreto del órgano de la provincia oriental, la diputada del PP denunció el caso de la familia de un ahogado en una playa de Fuerteventura, que tuvo que esperar cinco días para poder darle sepultura, a raíz del retraso para hacerle la autopsia.
Según Pérez, en Fuerteventura había un médico forense, pero faltaba un auxiliar. La integrante del Grupo Popular comentó que el auxiliar que se hallaba en Lanzarote no pudo desplazarse en barco, mientras que el disponible en Gran Canaria no consiguió una plaza en los vuelos hacia Fuerteventura durante varios días. Al final, el auxiliar de Lanzarote tuvo que viajar a Gran Canaria para cubrir al que fue a Fuerteventura, relató Pérez como ejemplo del caos por la falta de personal en esa área.
"El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas lleva quince años con la misma plantilla", según la viceconsejera
Vallejo reconoció a la oposición la falta de personal en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, «en el que existe la misma plantilla desde hace quince años», se disculpó.
De forma concreta, en dicho departamento, que depende de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, están destinados 26 médicos forenses, once psicólogos y media docena de trabajadores sociales. En opinión de Vallejo, esa plantilla, especialmente en el ámbito de los psicólogos, no se adapta a la actual realidad. Para la representante del Gobierno canario, las necesidades han cambiado en los últimos tres lustros y cada vez se solicitan más pruebas y de mayor complejidad. Además, esta situación estructural se ha visto agravada por las bajas de varios de los psicólogos.
Personal externo
Ante dicha carencia de personal, el Ejecutivo autónomo ha decidido habilitar un «refuerzo de cooperación externa de empresas especializadas en hacer pruebas periciales», señaló, que se ocuparán de llevar a cabo los procedicimientos que se consideren urgentes.
Habrá personal externo a la administración para hacer informes de menores y víctimas de violencia de género
La administración regional también incidirá en esa ‘vía de la colaboración externa’ –contrataciones a empresas privadas–, a través de una licitación extraordinaria, para el nombramiento de psicólogos especializados en infancia y mujeres afectadas por la violencia de género.
De forma paralela, Vallejo adelantó que en pocas semanas se va a contar con personal interino de refuerzo para atender las bajas de los psicólogos y paliar la actual sobrecarga de trabajo.
