Canarias y los otros tres territorios extrapeninsulares españoles, Baleares, Ceuta y Melilla, acaban de poner en común, en el marco de la Ponencia de estudio en el Senado sobre la insularidad y la situación periférica de las dos ciudades autónomas, el conjunto de medidas que entienden que se deben tomar desde las administraciones para paliar sus desventajas por su situación geográfica. La mayoría de estas medidas corresponden al Gobierno central, pero también se reclama en el informe aprobado al respecto la implicación de la Unión Europea, en cuyo contexto económico y social se deben evaluar las dificultades y condicionantes de estos territorios para optar a un nivel de desarrollo y de bienestar social equivalente al del resto de España y de los países socios.
Una de las propuestas en el ámbito comunitario que se incluyen en el informe elaborado por la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, que incluye cerca de 80 recomendaciones, es la creación de un Instituto Europeo de Territorios Desfavorecidos que se encargue de recopilar datos estadísticos fiables con los que poder tener una radiografía precisa que permitan la elaboración de políticas específicas para los dos archipiélagos y la ciudades autónomas. El documento del Senado incide en que «la falta de datos estadísticos acerca de las dificultades» de vivir aquí impide el conocimiento preciso necesario para establecer medidas de compensación y políticas de cohesión.
Esta reclamación para la creación de un observatorio comunitario que vigile y controle la atención a esas desventajas está en la línea de la propuesta incluida en el Informe sobre las Islas de la UE y la política de cohesión: situación actual y retos de futuro aprobada el día 7 en el Parlamento Europeo y en el que se despliega una verdadera política europea sobre la situación de los territorios insulares. Pero, ¿para qué sería necesarios datos contrastables?, ¿qué enfatiza el informe?:
Excepciones en Europa.
El informe del europarlamento va en el mismo sentido de otra medida destacada por el Cámara alta en relación a Canarias en la que –tal como ya informó este periódico– se reclama exceptuar al Archipiélago de algunas de las normativas comunitarias, entre ellas las que se están negociando en estos momentos en la UE como son la de la ‘tasa verde’ al transporte, la del mercado de emisiones de CO2 para los tráficos aéreo y marítimo, o la referida a la fiscalidad en el Impuesto de Sociedades, que afectaría al REF.
Baja competitividad.
El documento de la Cámara alta, pendiente aún del visto bueno definitivo en uno de los plenos de este mes, enfatiza en relación con los territorios extrapeninsulares españoles que, según datos aportados por algunos de los expertos comparecientes en la ponencia, sus niveles de renta son inferiores a la media europea y que de hecho han ido disminuyendo en los últimos 20 años con una variación negativa de 20 puntos porcentuales. En concreto, en el ámbito de la UE presentan una competitividad «baja o muy baja», y que de las 253 regiones europeas, Canarias ocupa la posición 153, y Baleares la 148, en tanto que Ceuta y Melilla se sitúan en la 216 y 213, respectivamente.
El informe, elaborado tras el testimonio de 64 comparecientes en más de año y medio de trabajo, señala que la pérdida de renta de sus residentes demuestra el impacto negativo por su situación geográfica, y que «pese a las diversas medidas adoptadas por el Estado a lo largo de los años para tratar de compensarlo, sigue ampliándose». De hecho, el documento señala que el concepto de «compensación» de la insularidad fue cuestionado por algunos comparecientes, que apostaron por un «enfoque centrado en la corrección de las desventajas y desequilibrios» que genera la situación geográfica.
Valor estratégico.
Entre las conclusiones en este sentido, cabe destacar la que enfatiza que los territorios a análisis tienen también un «valor estratégico que alberga cualidades y potencialidades que explotar para mejorar», y se reclama que «la corrección de los desequilibrios se acometan no únicamente con medidas compensatorias, sino dirigidas a la corrección de las desventajas reales».
Digitalización.
En el bloque de propuestas de tipo económico y de transformación digital, por ejemplo, la ponencia del Senado destaca la importancia de que todos los territorios avancen en la implantación de las nuevas tecnología y reclama la elaboración de planes específicos de transformación digital. En el caso de Canarias, se comenta las dificultades para el comercio electrónico de diversas empresas y se considera necesario que el Estado y la UE «articulen un sistema de sanciones a empresas y particulares para erradicar el veto digital» en este ámbito.
Revisión del REF.
Se incide además en que el REF ha actuado hasta ahora «como dique de contención de la insularidad» y no como elemento potenciador de desarrollo, apostando en este sentido por una «revisión» del mismo para que su funcionamiento aborde un mayor aspecto social y establezca medidas que se vinculen con la creación de empleo, apostando por «evaluar las subvenciones y beneficios fiscales que reciben las empresas».
Tarifa plana aérea.
En materia de transportes y conectividad, además de reclamar la declaración de obligación de servicio público (OSP) de muchos más trayectos de los contemplados en la actualidad y de estudiar la posibilidad de imponer tarifas planas, se apunta que el «oligopolio» de las compañías aéreas dificulta cualquier medida de control de precios.
La inmigración irregular es otro de los asuntos que afecta a los territorios extrapeninsulares, especialmente a Canarias y a Ceuta y Melilla, aspecto sobre el que se considera que «podría prolongarse en el tiempo» por la inestabilidad en los países emisores de África Occidental o el Sahel. En relación a los menores no acompañados se reconoce que los recursos técnicos y humanos y las infraestructura actuales «no son suficientes» y se considera «indispensable la cooperación de las otras comunidades autónomas para que compartan la tutela y acojan a parte de ellos». Aunque se apela a la «solidaridad interterritorial», se elude hablar de un sistema de reparto obligatorio tal como reclama Canarias.
