El Parlamento Europeo (PE) aprobó este martes por amplia mayoría un informe de su Comité de Desarrollo Regional que allana el camino para que las islas –todas– se libren de la tasa verde, o que al menos se les conceda una exención fiscal temporal hasta que la puesta en práctica del impuesto no les suponga un daño socioeconómico inasumible. El informe, para el que ejerció como ponente el eurodiputado francés Younous Omarjee, del grupo de la Izquierda y natural de la Región Ultraperiférica (RUP) de La Reunión, exhorta a la Comisión Europea (CE) a elaborar una estrategia específica para sus 2.400 islas. Una estrategia integral que al margen de implementar políticas de cohesión y planes de acción adaptados a las necesidades y circunstancias de los territorios insulares, también debe incluir medidas extraordinarias para que la ambiciosa hoja de ruta comunitaria hacia la descarbonización no los condene al ostracismo. En esta línea, durante el debate se puso de manifiesto la extrema dependencia del transporte aéreo para el tráfico de personas y del transporte marítimo para el de mercancías que sufren las islas, lo que exige de Bruselas una mayor «flexibilidad» a la hora de aplicar novedades como la tasa verde. La solicitud del europarlamento a la CE comparte así los argumentos –al menos en el fondo– con que el Gobierno canario busca eximir al Archipiélago de este impuesto.
Aunque en lo formal no hay relación directa entre la resolución aprobada este martes por la Eurocámara y la cuestión de la tasa verde –entre otras cosas porque la última palabra sobre esta última no la tiene el PE sino el Consejo Europeo–, el notable apoyo con que aquella salió adelante –577 votos a favor, diez abstenciones y solo 38 votos en contra– supone, de hecho, un indirecto respaldo a Canarias en la batalla por librarse de la tasa verde. La amplísima mayoría lograda por Omarjee en Estrasburgo obedece en buena medida a que hasta 13 Estados miembros de la Unión Europea (UE) tienen territorios insulares bajo su soberanía. Trece de los Veintisiete, casi la mitad. En cambio, son solo tres –Portugal, Francia y España– los que tienen Regiones Ultraperiféricas. El Consejo Europeo lo integran los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete y tiene, previa consulta al PE, la última palabra en asuntos de fiscalidad como el del impuesto verde. Es en el Consejo, por tanto, donde España deberá pelear para que su RUP, Canarias, y sus islas, también las Baleares, queden al margen del nuevo tributo, y no es lo mismo contar con solo dos apoyos, los de París y Lisboa, que con doce, los de todos los Estados miembros con territorios insulares, sean o no RUP.
La resolución insta a que se pongan en práctica políticas específicas para paliar la insularidad
La votación de este martes en la Eurocámara evidencia hasta qué punto preocupan el impuesto verde y el plan del que forma parte –el Objetivo 55– no solo en las RUP, sino en las islas en general. La tasa disparará los costes de las compañías aéreas y, por ende, disparará también los precios de los vuelos. Un mazazo a la economía de las islas, en general, y todo un misil a la línea de flotación de la economía canaria, en particular, donde hasta un 35% de su PIB depende directamente de los turistas, muchos de los cuales no podrán seguir disfrutando de sus vacaciones en el Archipiélago si Bruselas se pasa de frenada con su estrategia medioambiental.
No obstante, la resolución aprobada por el PE tiene una lectura a corto plazo –positiva porque la Eurocámara involucra a todos los Estados con islas en la búsqueda de una solución a la problemática de la tasa verde– y otra a medio o largo plazo, y puede que no tan positiva. Detrás del informe de Omarjee está el Govern balear como uno de sus promotores, y más allá de la cuestión del impuesto verde, también se plantea la necesidad de destinar fondos para llevar a efecto la futura estrategia para las islas. Una estrategia que la eurodiputada del PSOE balear Alícia Homs justificó este martes sobre la base de los mismos argumentos que justifican el trato singular a las RUP: la dependencia del transporte marítimo y aéreo, la escasez de recursos, la doble insularidad...
Así pues, el plan viene a ser una generalización de la condición de RUP en favor de todas las islas, sean o no ultraperiféricas, y se corre así el riesgo de acabar por considerar iguales a dos realidades que no lo son –basta con comparar la renta per cápita balear con la canaria–, con lo que esto podría implicar para el reparto de los dineros comunitarios. La misma Homs apuntó, informó Efe, que «no queremos más derechos que nadie, pero tampoco permitiremos tener menos».
