No, el pleno de la Eurocámara no votará la próxima semana la tasa verde. Aunque el grupo de los socialistas españoles en el Parlamento comunitario anunció que el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar había conseguido «eximir del impuesto verde las conexiones marítimas entre las islas Canarias y España, así como las conexiones aéreas entre las islas y cualquier territorio dentro del Espacio Económico Europeo hasta 2030», lo cierto es que el asunto de la tasa verde no llegará a la Eurocámara hasta septiembre. De hecho, el Legislativo comunitario no tendrá la última palabra sobre la aprobación o no de este tributo, sino que es el Consejo Europeo, la institución integrada por los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete, el que tomará la decisión final. No en vano, las cuestiones fiscales exigen un procedimiento legislativo «especial» que, entre otras características, le da al Consejo «la palabra decisiva».
Así lo aclaró ayer el propio López Aguilar tras el inexacto comunicado de los socialistas, que ha llevado al equívoco incluso al Gobierno de Canarias. Lo que se verá la próxima semana en el Europarlamento –se debatirá el martes y se votará el miércoles– es una serie de proyectos legislativos que forman parte del ambicioso programa Fit for 55, el rebautizado Objetivo 55 para los hispanohablantes. Se trata del macroplan comunitario para lograr que las emisiones de dióxido de carbono estén en 2030 un 55% –de ahí el nombre– por debajo de las registradas en 1990. El Objetivo 55 plantea la puesta en práctica de un impuesto verde de marcado carácter punitivo para desincentivar el uso de combustibles fósiles en la aviación comercial y acelerar así la transición energética. La preocupación en Canarias y en las restantes ocho Regiones Ultraperiféricas (RUP) radica en que esa nueva tasa, que en principio entraría en vigor en 2024, dispararía los costes de las aerolíneas y, por ende, el precio de los billetes. Un misil a la línea de flotación de la economía regional, cuya dependencia de los turistas es altísima, de esos mismos turistas que tendrían que incrementar su presupuesto para las vacaciones. Esto explica la alegría con que el Gobierno de Ángel Víctor Torres recibió la noticia de que los eurosocialistas habían logrado un amplio compromiso para exceptuar a Canarias del impuesto verde también en los vuelos internacionales. Sin embargo, la alegría es en balde, ya que el punto concreto de la tasa verde no figura entre los proyectos legislativos del Objetivo 55 que en unos días verá la Eurocámara.
Entre los asuntos que sí estudiarán y votarán los diputados comunitarios está la reforma del Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que guarda cierta relación con el impuesto verde –de hecho ambas son dos de las principales medidas del Fit for 55– pero que no son lo mismo. Ni mucho menos.
En este sistema, el ETS por sus siglas en inglés y al que la aviación comercial está sometida desde el año pasado, se establecen unos pagos, unas compensaciones, en función del volumen de emisiones de dióxido de carbono de las aerolíneas en los vuelos intracomunitarios. La reforma planteada pretende –al margen de incluir en el ETS también al transporte marítimo, lo que encarecería las importaciones isleñas– la restricción de los derechos de emisión que salen al mercado –las compañías pueden comprar y vender estos títulos en función de sus necesidades– y la progresiva supresión del régimen de derechos gratuitos bajo determinadas circunstancias. Medidas que, claro, incrementarán los costes de las compañías aéreas, ya que los derechos de emisión se encarecerán, entre otras cosas porque se limitará su compraventa. Hasta ahora, los vuelos desde y hacia Canarias, en virtud de su condición de RUP, están exentos del pago de derechos de emisión, lo que se logró con CC en el Ejecutivo regional. Y es justo esto, es decir, lograr que se mantenga la exención en favor del Archipiélago y el resto de las RUP, lo que parece más cerca tras la «batalla» dada por López Aguilar en Bruselas. Pero esto es una cosa y la tasa es otra distinta, de modo que no se «ha conseguido eximir del impuesto verde» a Canarias. Para eso habrá que aguardar a lo que decida el Consejo Europeo, si bien lo normal es que este consulte antes al Europarlamento, adonde la cuestión no llegará hasta septiembre como parte de la reforma de la Directiva de fiscalidad energética (ETD) propuesta por la Comisión.
Es esa reforma de la ETD la que incluye el impuesto o tasa al carburante; el impuesto o tasa al queroseno; o el impuesto o tasa verde. Un tributo que elevará sobremanera los costes de las aerolíneas –y los billetes– y que constituye el mayor de los problemas para el turismo y, por tanto, la economía canaria.
López Aguilar quiso puntualizar que en las Islas se ha publicado «hasta la saciedad» el término tasa verde «sin que nadie en el Parlamento europeo confirmase la hipótesis de que lo que se vota en el próximo pleno fuese la tasa verde». En todo caso, el comunicado que da pie a la confusión no solo no aclara la diferencia entre el impuesto verde, el ETS y el muchísimo más amplio Objetivo 55 –una confusión en la que también han caído en distintas ocasiones en el Gobierno de Canarias–, sino que de hecho ahonda en el equívoco.
Preguntas destacadas
¿Qué es el ‘impuesto verde’?
El ‘impuesto verde’ o impuesto al queroseno es un tributo con el que Bruselas va a penalizar el uso de este combustible fósil. Es un impuesto punitivo para forzar a las aerolíneas a pisar el acelerador hacia la transición ecológica. Canarias está exenta de este tributo hasta el fin de 2023.
¿Qué es el Objetivo 55?
El plan contra el cambio climático y por la descarbonización es la ambiciosa estrategia de la Comisión Europea para lograr que las emisiones de dióxido de carbono estén en 2030 un 55% por debajo de las registradas en 1990. Ese 55% es el que da nombre al Objetivo 55 de la estrategia, que incluye las medidas para la progresiva descarbonización de los transportes. A su vez, entre esas medidas figura el impuesto al queroseno, que es parte del plan y del Objetivo 55 pero que no es, ni mucho menos, la única disposición para los transportes. Ahí están también la obligación de emplear un porcentaje mínimo -y creciente- de ecocombustibles y la inclusión del transporte marítimo en el mercado de derechos de emisión. De hecho, los buques mercantes se verían igualmente castigados por las medidas de Bruselas en pos de la sostenibilidad, y por ende también las Islas, donde la mayoría de productos y mercancías entra por los puertos.
