La Comunidad Autónoma se vería obligada a asumir en solitario 54 obras del convenio de carreteras si se toma al pie de la letra el punto 5 de la cláusula tercera del texto firmado en 2018, en el que se recoge que la Administración autonómica será la responsable de los excesos presupuestarios si la suma de los costes finales de todas las actuaciones incluidas en el Anexo I superase el importe máximo fijado en el convenio. Pero a la Consejería de Obras Públicas le preocupa más como finaliza esta cláusula: «sin que las obras incluidas en el mismo puedan ser objeto de financiación en un convenio posterior», es decir, la literalidad de la frase induce a concluir que las 69 obras que figuran en el anexo del convenio no se pueden pasar a un convenio posterior, lo que supone un revés considerable porque hay vías que será muy complicado que se puedan ejecutar durante la vigencia del actual convenio –hasta 2027– tanto por no tener proyectos como por falta de financiación o porque a corto plazo no son prioritarias.
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La redacción de esta cláusula contrasta con la del convenio anterior, el vigente entre 2006 y 2017 y que tuvo una modificación en 2009. En la misma el Ministerio de Fomento dejaba claro que no asumía cantidad alguna a la fijada en la financiación plurianual pactada, pero haciendo referencia a los extracostes entendidos como los de adjudicación más las incidencias que pudieran producirse y que fueran superiores, correspondiendo asumirlos al Gobierno de Canarias. No se mencionaba que no se pudieran financiar obras de los anexos en otros convenios posteriores.
El actual convenio tiene un solo anexo frente a los tres que tenía el anterior, en los que se incluían carreteras en ejecución, las previstas a licitar y adjudicar durante el periodo de vigencia del mismo y obras para ser programadas en años posteriores al convenio, pero que podrían sustituir a algunas del anexo II. Sin embargo, en el actual convenio se incluyó un solo anexo con 69 carreteras en las siete islas sin orden de prioridad a la hora de ser financiadas y ejecutadas. En la relación de infraestructuras se mezclan vías procedentes del convenio anterior con otras nuevas e incluso carreteras que se desecharon en etapas anteriores y que se vuelven a poner.
Según manifestó el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, en el Parlamento, alrededor de 950 millones de los 1.200 procedentes del Estado ya están comprometidos en 15 obras. Tenerife es la isla más beneficiada con cinco vías, entre ellas el cierre del anillo insular con el nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide, el tercer carril de la TF-1 en el tramo San Isidro-Las Américas o la finalización del tramo de la TF-5 Avenida Tres de Mayo-Guajara con la segunda fase Ofra-Chorrillo.
La isla de La Gomera también sale beneficiada de las obras que se han priorizado en estos primeros años del actual convenio de carreteras con otras cinco infraestructuras, entre ellas la segunda fase de la carretera Vallehermoso-Arure o el acondicionamiento de la vía Paredes-Alajeró-Aeropuerto.
En Gran Canaria solo aparece en esta relación de 15 obras con financiación asegurada el tramo Agaete-El Risco de la vía que une la villa norteña con La Aldea. En Fuerteventura la variante entre Puerto del Rosario y La Caldereta y en La Palma el acondicionamiento de la LP-1 entre Los Llanos y Tijarafe. El Hierro cuenta con dos vías para cerrar esta relación, mientras que en Lanzarote no se han marcado prioridades en esta fase del convenio.
En otra cláusula del convenio se recoge que el plazo de vigencia se fija en seis años para la ejecución de las actuaciones y tres años para su liquidación. Los 407 millones de la deuda del convenio anterior se incluirán en los dos últimos años, entre los ejercicios de 2026 y 2027.