Suscríbete

eldia.es

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Más de la mitad de los infractores restablecen el daño causado de forma voluntaria

También un elevado porcentaje intenta legalizar la vulneración en los ayuntamientos

Más de la mitad de los infractores se comprometen voluntariamente a restablecer la alteración del terreno provocada por una construcción ilegal, vertido o cualquier otra vulneración detectada y expedientada. También hay una parte que legalizan en su ayuntamiento las edificaciones tras ser apercibidos por la Agencia o los agentes facultados para sancionar. El año pasado el 57% de los infractores –105– accedieron al restablecimiento en la provincia tinerfeña, mientras que en la provincia de Las Palmas este porcentaje se elevó al 81%, con un total de 39 voluntarios.

El director de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Ángel Fariña, destaca que cada vez haya más personas que restablezcan con sus propios medios económicos la alteración que han provocado en el territorio por no contar con autorización ni licencia. «Al denunciado se le comunica que si no legaliza o restablece el daño causado las consecuencias económicas pueden ser peores que si lo hiciera con sus medios, porque a la sanción que le imponga la Justicia se suman los gastos que ocasiona a la Agencia el expediente, la tramitación y los medios que tenemos que poner», añade.

En el histórico desde 2001 destaca en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que 1.309 infractores –el 52,2%– accedieron voluntariamente a restablecer el daño territorial causado, mientras que 1.139 –45,4%– legalizaron la infracción y solo 59 –2,3%– fueron forzados a hacerlo. En las islas de la provincia de Las Palmas desde 2001 981 infractores –el 81%– fueron voluntarios, hubo 198 legalizaciones –16,3%– y 32 forzosos –el 2,6%–.

Esta estadística favorable a la resolución de los expedientes no es óbice para que la lentitud de los procedimientos judiciales implique un alargamiento excesivo de los expedientes y que los juzgados no tengan fondos para hacer cumplir los derribos de las edificaciones. Una vez que la sanción llega al juzgado el expediente se para hasta que haya una decisión judicial, que se puede alargar más de un año, según relata el director de la Agencia autonómica.

Compartir el artículo

stats