El pleno parlamentario de ayer se cerró con varias satisfacciones más o menos generalizadas. Primero la aprobación por unanimidad del informe de ponencia de la proposición de la inminente ley de elecciones al Parlamento de Canarias. El Estatuto de Autonomía de 2018 establecía un plazo de dos años para debatir y aprobar la nueva normativa en la Cámara, un plazo que se ha excedido claramente pero, como comentó un diputado en un ataque de originalidad, «nunca es tarde si la dicha es buena». En segundo lugar, la presión interna de Nueva Canarias y la externa de Coalición Canaria, con el apoyo decidido de Podemos y el más discreto del Partido Popular –y la irritación de los claustros– consiguió que la Consejería de Educación reculase. Salvo una nueva distracción de Manuela Armas, la asignatura Historia y Geografía de Canarias seguirá siendo obligatoria en la ESO. Un día muy triste para don Gregorio Cabrera, director general de Ordenación e Innovación Educativa. Muy triste. Pero no lo suficiente como para que dimita.
Tampoco fue un día espléndido para la señora Armas. La diputada de Nueva Canarias, Esther González, había solicitado su comparecencia para que informara sobre la situación del transporte escolar. González hizo una crítica implacable –y en general merecida– de la gestión de Armas y su equipo. La consejera fue empalideciendo a medida que su señoría exponía su análisis. La oposición, obviamente, se sumó encantada. Armas cometió la infinita sorpresa de dudar, con un pizco de ironía, del conocimiento de González sobre las condiciones del transporte escolar en Canarias. La diputada fue a por la consejera una y otra vez con evidente saña. Incluso le reprochó que contestase a Luz Reverón, del PP, que su departamento hubiera pagado dos millones y medio de euros a los transportistas para compensar la suspensión de su actividad durante el confinamiento contra el coronavirus. «No lo hizo usted inmediatamente, sino mucho más tarde, por lo que no sirvió para que las empresas de transportes compensaran sus balances en ese momento crítico». Después de la segunda intervención de González, la consejera pidió la palabra y Gustavo Matos le concedió un minuto para su contrarréplica, que es lo que le correspondía reglamentariamente. Armas protestó con cierta brusquedad y Matos optó por retirarle la palabra y pedirle que tomara asiento. «Ya llevamos casi tres años de legislatura», apuntó, «y debería usted conocer lo suficiente el funcionamiento de los debates en esta Cámara». El día anterior la titular de Educación había llamado casi explícitamente mentirosos a los cientos de padres con alumnos con necesidades especiales cuyas becas no habían sido tramitadas por el Gobierno canario frente al Ministerio de Educación. Lo grave es que una representación de los padres afectados estaba en la tribuna de invitados de la Cámara y apenas podrían creer que Armas afirmara rotundamente que no había ningún problema con las dichosas becas. Después del sofocón se retiraron y una de las madres comenzó a llorar.
El resto del pleno estuvo signado por admirables ejemplos de escapismo. Cada consejero se convirtió en un pequeño Houdini. Por ejemplo, José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, que lleva casi tres años sin hacer prácticamente nada de lo anunciado en sus millones de planes y estrategias y chachachás. Bajo su aspecto de malvado de segunda fila en una película de Steve Segal se encuentra un político hábil y correoso que siempre encuentra la forma de no contestar a nada de lo que se le pregunta. También resulta asombrosa la ausencia en los debates plenarios de la consejera de Economía, Elena Máñez, que al parecer no tiene nada que decir sobre la inflación ni las perspectivas de crecimiento económico de la Comunidad autónoma. Máñez vive en un cómodo paréntesis entre el cargo que ocupó en el pasado y el que ocupará en el futuro, y en el fondo, nadie la toma demasiado en serio, empezando por lo que se llaman «agentes sociales» y terminando por el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, keynesiano de La Aldea y ahora canarista más allá del nacionalismo y más acá de Pedro Sánchez. CC solicitó una comparecencia de Rodríguez porque, como explicó Rosa Dávila, «España sigue sin defender en Bruselas que Canarias quede excepcionada en base del REF en la tributación mínima del impuesto de sociedades del 15% que se aplicaría con carácter general a las empresas con una facturación anual de más de 750 millones de euros». Una directiva que se ha tramitado desde el pasado verano en la UE. En la reciente reunión de abril del Ecofin el Gobierno español no presentó ninguna excepción relacionada con Canarias en su propuesta. «Es una cuestión de anclaje de la defensa del REF», insistió Dávila, «¿por qué el Gobierno español no lo hace? Hoy son 750 millones, mañana pueden ser 500 o puede hacerse una armonización total». Rodríguez dijo que ha mandado un montón de informes a los Ministerios de Economía y Hacienda y que hasta el 2024 no se aprobará la directiva porque Francia no quiere prisas. La observación es evidente: tales informes no han servido de nada si el Gobierno español no ha presentado ni medio folio en Bruselas recordando las excepciones fiscales de Canarias recogidas en el REF y reconocidas en el Tratado de la Unión.
Durante los más de dos años y medio el consejero de Hacienda y Relaciones con la UE no ha pisado jamás Bruselas. «Ahí lo que hay que hacer es que nuestra gente trabaje y mandar los informes a quienes deben llegarles, y presionar al máximo al Gobierno español». Es probable que tenga razón. Pero que un consejero –además de vicepresidente– que está encargado de los intereses de Canarias ante la UE no haya pisado Bruselas ni una sola vez es otra de las anormalidades más abracadabrante del Gobierno de Ángel Víctor Torres. Como en la capital belga no ha erupcionado un volcán, ni se han producido incendios, ni ha quebrado Thomas Cook el señor Torres, por supuesto, tampoco ha estado por ahí.
