CCOO critica la pasividad de Instituciones Penitenciarias con las cárceles isleñas

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) afirmó ayer que las cárceles del Archipiélago «continuarán degradándose» por la «pasividad» de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP). Así lo explican tras el encuentro con el secretario general de IIPP que se convocó para analizar cómo mejorar el servicio público en las islas y las condiciones laborales de su personal. Pero en CCOO califican la reunión de «estéril».

El sindicato propone abordar las «graves carencias» de personal de las cárceles canarias, «agravadas» por la insularidad, además de solicitar una Oferta Extraordinaria de Empleo (OPE) para prisiones con el fin de cubrir estas necesidades, pues no se llega a los mínimos de personal laboral en centros como el de Lanzarote.

Asimismo, desde la citada organización afirman que por parte de Instituciones Penitenciarias «no» se está haciendo «nada ante el brutal incremento de las agresiones al personal penitenciario». Apuntan que, con ello, se demuestra que el protocolo frente a los ataques violentos en los centros penitenciarios (Peafa) «no sirve para evitarlos y es necesario dejar de excluir la aplicación de la Ley de Prevención a las agresiones en prisiones».

Por otro lado, subraya la «degradación» que padece la sanidad penitenciaria debido, dicen, a la «desidia de la Secretaría General, que es incapaz de transferir el servicio como dice la Ley y que además no atiende las necesidades» de personal sanitario, «sometido a una sobrecarga» de trabajo, «precariedad e inseguridad» en su actividad profesional, a pesar de ser quienes «garantizan que la población reclusa siga atendida en sus necesidades básicas de salud, a pesar de los gestores penitenciarios».

El sindicato solicita una unidad psiquiátrica penitenciaria para Canarias para abordar el «grave problema» de salud mental, entre otros.

Por todo ello, CCOO exige a la Secretaría General que para este año se negocie un acuerdo económico en Instituciones Penitenciarias que «alivie las precarias condiciones retributivas actuales a todo» el personal penitenciario.