A veces se quedan fuera de las crónicas dizque parlamentarias –como en los sistemas metafísicos, por falta de espacio y tiempo– debates realmente interesantes. Los debates interesantes, actualmente, son los que demuestran el descrédito de la realidad entre los gestores públicos. Por ejemplo, el de la gravísima situación –ya cronificada– de las urgencias hospitalarias en Canarias. Ya puede su señoría Miguel Ángel Ponce –uno de los diputados más razonables de la Cámara– facilitar datos espeluznantes y recurrir incluso a su memoria personal en el Hospital Juan Negrín sobre las situación de las urgencias, que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ni siquiera va a parpadear. Trujillo ejerce de consejero de Sanidad como si fuera piloto de un bombardero: sabe que habrá víctimas, algo tan inevitable como que salga el sol a diario, pero lo importante es que las cosas sigan funcionando. Trujillo sería capaz de comerse un plato de chuletas de cochino y papas fritas sobre la barriga de un paciente herniado con perfecta calma y exquisita ecuanimidad. Ponce, en su escaño, siempre se queda sorprendido. ¿Cómo es que no entiende que hay que contratar más profesionales y actualizar los procesos y protocolos de emergencias? ¿Cómo es que el consejero no comprende obviedades tan inmediatas? Sin embargo, el que no entiende que Trujillo pasa de un asunto tan enojoso como un buda con corbata y zapatos de piel es él, el doctor Ponce.
En su segunda jornada el pleno presentó, entre otras, tres sabrosas perlas. Primero, una comparecencia de la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, que aprovechó la oportunidad para anunciar por enésima vez que la crisis turística está a punto de terminar. La consejera tuvo como escudero al socialista David Godoy, cuyo conocimiento sobre la industria turística debe ser similar al que tiene sobre física de partículas. Como la señora Castilla se lanzó a sesudas discusiones geopolíticas, evaluando el impacto en la situación turística de Canarias si estalla finalmente una guerra en Ucrania, Godoy, que fundamentalmente es un muchacho descarado, se lanzó a seguirle la corriente, y llegó a deslizar que quizás, vaya usted a saber, una Crimea en llamas y gaseada fuera beneficiosa para el turismo canario, al fragilizar la oferta de otros destinos cercanos. La cara de Ricardo Fernández de la Puente, que fue viceconsejero de Turismo durante el Paulinato, era un poema dadaísta, y, por supuesto, en su intervención reprochó a la consejera que incurriera de nuevo en confundir plazas aéreas por fin disponibles con turistas de carne y hueso. Fernández de la Puente centró racionalmente el asunto al advertir que no se recuperarían cifras similares a las de la prepandemia hasta la próxima temporada de otoño/invierno, es decir, hasta finales del presente año o principios de 2023. Godoy, que no entendió nada, acusó a la oposición de mentir y no resignarse a que las cosas van mejorando y estén chupiguay. Todo el mundo (incluso de los portavoces de la mayoría) quería terminar la comparecencia cuanto antes y se produjo un alivio generalizado cuando Castilla y Godoy terminaron sus alegatos. Lo cierto es que el Gobierno autónomo parece desear ardientemente recuperar los doce millones de turistas al año cuanto antes y que el discurso de 2019 de reinventar un destino turístico menos intensivo y contaminante (un turista en un hotel de cuatro estrellas gasta unos 400 litros de agua diariamente, por ejemplo) ha quedado abandonado, aunque al mismo tiempo, y sin dolor por la contradicción, se insiste en que Canarias será un ejemplo en materia de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y energías renovables: la cuadratura del círculo del progresismo bienpensante pero, en última instancia, empapado en cinismo.
Noemí Santana se ausentó de la votación ferroviaria porque tiene plaza en la sociedad pública que gestiona la implantación y desarrollo
Dos proposiciones no de ley tuvieron como protagonistas a Podemos. La primera la presentaron ellos. Quieren un programa en la televisión pública canaria para publicitar los servicios públicos. Según explicó el diputado Francisco Déniz, sería un espacio muy conveniente porque «la mayoría de la población cree que lo privado es mejor». Déniz no presentó ninguna prueba de su apotegma, es más, todas las encuestas de sociólogos y politólogos del país indican que los servicios públicos (sanidad, enseñanza, dependencia, servicios sociales en general) son singularmente valorados por los españoles. Da igual. En todo caso, es un parlamento realmente curioso aquel que propone espacios específicos para la tele pública, pero que es repetidamente incapaz de designar a la Junta de Control que reglamentariamente debería fiscalizar al gestor del ente público, que sigue siendo un administrador único. La segunda PNL la presentó el PP para apoyar el proyecto de los trenes en Gran Canaria y Tenerife. Ninguno de los dos se ha debatido amplia y detalladamente en la Cámara, examinando sus beneficios y sus impactos negativos, lo que no fue óbice para que todos votaran favorablemente, salvo Podemos, o para ser más concretos, los diputados Francisco Déniz y Manuel Marrero. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, se ausentó de la votación, porque tiene plaza en la sociedad pública que en el Cabildo de Gran Canaria gestiona la implantación y desarrollo del tren. Es curioso. ¿Estaba la señora Santana a favor del tren cuando entró en dicha sociedad pública, en los alegres tiempos en los que militaba como joven promesa en Nueva Canarias? Si no lo está ahora, ¿por qué no abandona la plaza? ¿Lo hará si, maldita sea, todo falla y tiene que regresar? Por el momento a la consejera le basta cómodamente con ausentarse. Las contradicciones siempre las tienen otros. Son otros los que tienen un pasado. Santana, como la esperanza, solo habita en el radiante futuro.
Mientras el pleno entraba en punto muerto y se intuía su final crecieron los comentarios sobre la suspensión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado apenas 24 horas antes de su comienzo en La Palma. La estupefacción se generalizó cuando desde el Gobierno central se explicó que la reunión –publicitada por el presidente Ángel Víctor Torres hasta el hartazgo en los últimos meses– se había suspendido porque no se había definido agenda. Y si la agenda no estaba definida la única deducción razonable es que el Gobierno autónomo no había hecho sus deberes. Días, semanas y meses se había discurseado desvergonzadamente desde el Ejecutivo regional sobre asuntos urgentes como la inmigración, los menos migrantes acompañados, la crisis socioeconómica de La Palma, los fondos extraordinarios europeos o los traspasos competenciales del Estatuto de Autonomía de 2018 y, al final, no había comisión. No había nada. Un parlamento más vivo y flexible hubiera hecho posible que ayer mismo la oposición interpelara al Gobierno sobre este bluff patético y perjudicial para las islas. Pero no, nadie dio una explicación, y eso que Torres estaba ahí, en el propio parlamento, manteniendo reuniones con una notable (y mala) cara de circunstancias. Después, por la tarde, como al descuido, con una irritación inhabitual en él, el presidente dijo que no se había producido una reunión de la Comisión Canarias-Estado desde hace la friolera de 12 años. Pero eso no lo disculpa como presidente ni oculta el desprecio satisfecho de sus compañeros en Madrid. Más bien todo lo contrario. Es un gran fracaso del Gobierno, un fracaso que deja malherido el relato de un Gobierno socialista volcado en Canarias y que hace innecesario cualquier nacionalismo, un fracaso que ha golpeado al presidente, que debería explicar cuanto antes qué es lo que hizo y lo que no hizo su equipo para que todo saltara ridículamente por los aires.
