Aprender de los errores que cometieron en el pasado el resto de comunidades autónomas. Esta es la técnica que ha utilizado el Gobierno canario para redactar el anteproyecto de la ley que regula la nueva renta de ciudadanía. La norma, que todavía debe pasar el trámite parlamentario, equipara al Archipiélago con el resto de regiones españolas que ya contaban con un ingreso similar, lo que ha permitido al Ejecutivo autonómico utilizar estas leyes para crear un proyecto propio que aglutine los aciertos y deseche las propuestas que no han funcionado en otras comunidades. Así lo afirmó ayer Carmen Hernández, presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias –uno de los partidos que conforman el Gobierno cuatripartito canario–, quien valoró la prestación y la calificó de «hito histórico» ya que su formación le otorga un «protagonismo fundamental en la promoción de la cohesión social». La parlamentaria nacionalista explicó que para la redacción de la iniciativa se ha contado con el apoyo de un equipo consultor vasco «experto en la materia» ya que la renta del País Vasco de 1989 es la más antigua de país. Lo que ha dado como resultado una renta ciudadana canaria con ADN vasco.
Entre las aportaciones de los expertos, Hernández destacó la introducción en el proyecto de una serie de elementos –todavía pendientes de determinar en la ley– que pretenden evitar que la prestación desincentive el empleo. «La renta incluye mecanismos que permitirán que una persona beneficiaria pueda aceptar un trabajo sin miedo a que cuando este termine se continúe recibiendo la ayuda», aclaró la portavoz del partido nacionalista, quien aseguró que existían estudios nacionales e internacionales que confirmaban que este tipo de prestaciones reducen la brecha de la pobreza. La renta está blindada por la ley «para poder paralizarla y reanudarla, y que no compute mientras se está trabajando» de acuerdo a unos limites, dijo sobre los mecanismos vascos. «Con esto eliminamos las dudas de todos aquellos que creían que la medida no iba a resultar positiva para el Archipiélago», añadió.
Hernández insistió en que se trata de una de las leyes «más importantes» de la legislatura. La portavoz de NC en materia social destacó la importancia de que la renta también contemple tres complementos a la vivienda, a la educación y a las pensiones no contributivas que se desarrollarán a través de un reglamento específico una vez que entre en vigor la ley y vaya implementándose. «La gente que intenta acceder a una vivienda podrá contar con una ayuda extra que se lo permita», afirmó.
El proyecto de Ley también contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en caso de que éste no ofrezca la cuantía completa y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. «El IMV es insuficiente para afrontar las consecuencias de la crisis en las Islas», añadió Hernández.
«Innovadora»
La renta se configura en tres modalidades distintas. En primer lugar para servir de prestación básica a «personas y familias sin recursos o con recursos insuficientes», también para quienes cobran pensión no contributiva y por último, con un nuevo nicho que la coloca como «una de las más innovadoras» del Estado, orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años que cumpla una serie de requisitos. La portavoz de NC insistió en la importancia de este último grupo ya que recordó que existe un problema con aquellos menores tutelados que alcanzan la mayoría de edad, quedando «literalmente en la calle» sin ninguna cobertura y para los que esta renta servirá de ayuda «hasta que puedan encontrar un empleo».
El anteproyecto incluye, además, programas y servicios de inclusión social y laboral para todas las personas que residan en Canarias y se encuentren en situación de pobreza, vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía. «Se acompañará con un itinerario personalizado a cada ciudadano que lo necesite», apuntó Hernández.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, adelantó el pasado 10 de febrero que el objetivo es llegar a 40.000 familias cuando la propuesta se desarrolle en su totalidad, mientras tanto sustituirá a la prestación canaria de inserción (PCI) que beneficia actualmente a cerca de 10.000 familias, según los últimos datos oficiales. Si la tramitación parlamentaria no se demora en exceso la previsión más optimista es que pueda aprobarse en la Cámara en junio o julio y entrará en vigor dos meses después, según establece el texto.
El Gobierno canario aprobó el pasado día 10 de febrero el anteproyecto de ley y antes de esto la iniciativa ya recibió el informe favorable del Consejo General de Servicios Sociales. Asimismo, cuenta con el visto bueno de todos los departamentos del Gobierno involucrados, del Consejo Económico y Social de Canarias y del Consejo Municipal de Canarias, consejo consultivo, así como de las entidades del tercer sector y de las federaciones de ayuntamientos y cabildos. Ahora queda el trámite parlamentario en el que todos los grupos podrán incluir aportaciones. La portavoz de NC aseguró que la organización nacionalista «ha participado activamente en la redacción de la ley, pero ha recibido propuestas de colectivos y ciudadanos que habrá que analizar por si es mejorable» en este último proceso.
La horquilla de las ayudas es de 517 euros para una persona sola, hasta 1.082 euros para una unidad familiar con cuatro hijos y 1.190 euros si es familia monoparental con cuatro hijos. Una familia con un menor percibirá 640 euros y con dos 786 euros. Y entre otras novedades aparece la inexistencia de límites en el tiempo que dura la prestación si los beneficiarios no cambian sus condiciones socioeconómicas; se agilizan los trámites administrativos para la concesión de la ayuda y desaparecen las renovaciones, de tal forma que habrán revisiones anuales que realizará los técnicos de Derechos Sociales.
