El Gobierno regional prevé que la nueva renta de ciudadanía entrará en vigor este año y que podrá llegar hasta las 40.000 familias una vez que se desarrolle en su totalidad. La nueva renta mínima canaria convivirá con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado, según asegura la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, al igual que en otras comunidades autónomas como el País Vasco. Desde que se aplique sustituirá a la prestación canaria de inserción (PCI) que llega actualmente a cerca de 10.000 familias.
En este sentido, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al IMV en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. De esta forma, se aumentan las cuantías, lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita, además de ampliar la cobertura incrementando la protección a las familias que pueden acogerse a ella. La cuantía mínima será de 517 euros y la máxima rondará los 1.100 euros.
El texto legislativo contempla la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.
Además, el proyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.
Además, la Consejería ha estimado que necesitará un presupuesto de unos 60 millones de euros para empezar a implementar esta renta que figuran en el presupuesto autonómico de este año.
