El Juzgado de lo Social número 3 de Arrecife ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) por incumplir con las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales. En concreto, los hechos ocurrieron en el centro de salud Titerroy, en Arrecife, en el que una enfermera denunció que sufría acoso laboral y aislamiento en 2016.
Sin embargo, en el fallo, al que ha tenido acceso EL DÍA, se reseña que la situación comenzó en 2014 y aún así el SCS «infringió de manera clara» el deber de prevención respecto a estos hechos pese a recibir la denuncia, ya que «nada hizo para aclarar, averiguar y, en su caso, atajar el conflicto». A causa de esto la la trabajadora M. S. sufrió un daño psicológico.
La sentencia considera probado que el 31 de julio de 2018 la denunciante, asesorada por el depacho Marcos Abogados Bilbao, presentó ante la Jefatura de Servicio Personal y Unidad Tramitadora de la Gerencia de Servicios Sanitarios una denuncia sobre el acoso que venía sufriendo desde 2014. Los mismos consistían en «ataques de forma reiterada en diferentes grados por parte de diversas personas que le estaban provocando un gran sufrimiento y menoscabo de su salud».
Así, en el informe del comité asesor que data del 28 de octubre de 2019 se comunica que la investigación ha terminado por apreciar «indicios de acoso laboral». No obstante, dedujo que sí se dan conflictos personales que afectaron el desarrollo de la actividad y que el «protocolo no lo considera causa de acoso laboral».
Por tanto, la gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote archivó el expediente el 28 de noviembre de 2019. M. S. estuvo de baja por incapacidad temporal desde el 2 de julio de 2018 hasta el 18 de diciembre de 2019 por la ansiedad y depresión que sufría y que ocasionó que el 22 de junio de 2020 estuviese de baja nuevamente hasta la actualidad. Para el magistrado queda acreditado que la situación le produjo un daño psicológico a la enfermera, por lo cual condena, sentencia que no es firme, al Servicio Canario de Salud a pagarle 93.415,51 euros.
También le ordena a poner fin de «manera inmediata» al incumplimiento y a adoptar las medidas «reales y efectivas» para atender los riesgos psicosociales que sufre la denunciante en su puesto de trabajo.
