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Una de cada cuatro quejas al Diputado del Común es por Derechos Sociales

Las reclamaciones presentadas ante la Institución se duplican en cuatro años

Un hombres con muletas camina por la calle. | | ANDRÉS CRUZ

La Diputación del Común recibió el año pasado 3.671 quejas ciudadanas y una de cada cuatro están relacionadas con la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. En concreto, el organismo al que se dirige el 25% de las reclamaciones registradas es la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. El resto de quejas las acumulan las otras 50 direcciones generales del Ejecutivo regional, los 88 ayuntamientos y los siete cabildos insulares. «Cada ocho horas muere una persona en Canarias esperando por su dependencia», recuerda el diputado del Común, Rafael Yanes. Aunque la mayoría de estas reclamaciones las presentan personas con discapacidad o dependientes que esperan por las ayudas, también hay empleados de este departamento autonómico que acuden a la Institución para reclamar estabilidad en sus puestos de trabajo.

Otro asunto que concentra un buen número de expedientes es el que la inmigración irregular. En este caso, las reclamaciones se remiten al Defensor del Pueblo, que es quien tiene potestad para dirigirse al Gobierno de España, ya que esta material es competencia del Ejecutivo central. No obstante, el Gobierno de Canarias es la autoridad responsable de la protección de los derechos de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas. En los dos últimos años arribaron al Archipiélago 5.110 menores no acompañados –2.766, en 2020, y 2.344, en 2021–. En este sentido, «la comunidad autónoma hace un gran esfuerzo, pero está desbordada», aclara Yanes, quien subraya que ha escrito a los diputados del Común autonómicos solicitando su solidaridad con los menores pero, lamenta, «la respuesta no ha sido muy satisfactoria».

El número de quejas gestionadas durante el pasado ejercicio superó en un 26,46% la cifra anotada el año anterior. En 2021 la Institución recogió el mayor número de reclamaciones de su historia, que comenzó en 1986, con la tramitación de 270 quejas. Además, en los últimos cuatro años el Diputado del Común ha duplicado el número de expedientes tramitados. Este incremento, sostiene Yanes, se debe «al mayor grado de conocimiento y confianza en la Institución de la ciudadanía», algo que se ha logrado «gracias a los resultados obtenidos». En este sentido, Yanes defiende que, en 2020, el 73% de los casos se resolvió con éxito. Es decir, que el ciudadano obtuvo una resolución positiva o una respuesta positiva por parte de la Administración, aunque no se haya hecho efectiva.

Los organismos públicos también han mejorado sus tiempos de respuesta al diputado del Común, pese a que sigue siendo un aspecto «manifiestamente mejorable». A lo largo del pasado año, celebra Yanes, no se ejecutó ninguna declaración de obstruccionismo –la mayor sanción que puede imponer la Diputación del Común–, mientras que en otros ejercicios se han firmado dos o tres. Yanes explica que las instituciones tienen un plazo de 15 días para contestar a sus requerimientos y algunas lo hacen de forma inmediata. Si bien reconoce que existen asuntos que por su complejidad requieren de un informe detallado, basado en el análisis de documentos complejos, con lo que la respuesta puede demorarse. «Algunas administraciones públicas tienen carencia de personal para gestionar su día a día, pero su función no solo es ejecutar un presupuesto, sino atender a la ciudadanía y nosotros actuamos en nombre de un ciudadano que tiene un problema», recuerda Yanes. 

El incremento de quejas tramitadas también se ha visto reflejado en el número de llamadas recibidas a través de la línea de teléfono gratuita 900 928 922, que centraliza las comunicaciones de todo el Archipiélago. Por medio de este número telefónico, que se puso en marcha en enero de 2021, el diputado del Común atendió el ejercicio pasado un total de 10.301 llamadas. Otra iniciativa que, a juicio de Yanes, ha ayudado a acercar la Institución a los canarios es la modernización de la web, que permite presentar quejas con una firma manual. «Con la pandemia la Administración Pública pide al ciudadano que realice sus gestiones por teléfono y lamentablemente muchas veces no contesta nadie. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para agilizar nuestra atención», relata el diputado del Común.

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