Alberto Rodríguez, exdirigente de Podemos, le ha pedido este miércoles a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que le restituya el acta "sustraída que actualmente nadie ocupa" en la Cámara porque ya ha finalizado la condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
Alberto Rodríguez, a quien Batet le retiró el acta tras ser condenado por agredir a un policía en una manifestación antes de ser diputado, ha indicado que el Tribunal Supremo le ha comunicado que su condena finalizó el 5 de diciembre, por lo que ha pedido la restitución "inmediata" de su escaño para "poder continuar ejerciendo las tareas que le eran propias tras haber sido elegido por más de 64.000 canarios y canarias".
Asimismo, el diputado canario electo en 2019, quien ha abandonado la militancia en Podemos, ha criticado en un comunicado de prensa que el Tribunal Supremo le haya hecho esta notificación con 20 días de retraso y justo antes de Nochebuena.
En la carta remitida a la presidenta del Congreso, Alberto Rodríguez asegura que ya no le queda pena por cumplir, por lo que le reclama que le devuelva el escaño "sin demoras".
El exsecretario de Organización de Podemos insiste en que "la condena injustamente impuesta" ha quedado ya extinguida, tal y como avala el Tribunal Supremo, ha agregado.
Asimismo, sostiene que no existe norma legal o constitucional que habilite a Batet para privarle de su cargo de diputado electo.
El Tribunal Supremo impuso a Rodríguez una multa de 540 euros tras ser condenado por dar una patada a un policía nacional durante una protesta en La Laguna y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, de 45 días.
Tras esta condena, la presidenta del Congreso le comunicó a Alberto Rodríguez la pérdida de su condición de diputado de Unidas Podemos, tal como dijo de que le requirió el Tribunal Supremo.
Sin embargo, los servicios jurídicos de la Cámara Baja interpretaron en su momento que Rodríguez no perdía la condición de diputado al haberse conmutado la pena de prisión por la multa, ni tampoco por la "inhabilitación especial para sufragio pasivo" que establece la sentencia, ya que entendían que iba vinculada a un periodo electoral y no al momento actual, en la que ya era diputado electo.
