El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en la crónica de una nueva decepción en materia social. Llamado a convertirse en el escudo impulsado por la Administración para dar cobertura a las familias más vulnerables por la crisis del Covid, se ha terminado convirtiendo en una ayuda social más sumergida en el laberinto de los trámites administrativos ante la impotencia de las miles de personas a las que se les ha denegado aunque reúnan las condiciones. En Canarias solo el 15,6% de las solicitudes presentadas hasta ahora cuentan con la aprobación para recibir el IMV, lo que en números absolutos significa que de 108.867 expedientes tramitados en Canarias solo 17.079 tienen el visto bueno y se han denegado nada menos que 76.775. Las Islas están por debajo de la media nacional de expedientes aprobados pese a los elevados índices de pobreza que padece ya que la Seguridad Social ha resuelto favorablemente 336.933 solicitudes de 1,4 millones de expedientes totales, lo que supone el 23,1%.
La alarma por esta situación lleva meses en el debate tanto político como social. Las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales claman porque el Ministerio cambie algunas de las exigencias que se solicitan para tener derecho al IMV y flexibilice los requisitos para adaptarlos a la situación precaria en la que se encuentran las familias que se empobrecieron a raíz de la pandemia, pero que antes tenían una situación más holgada. El Gobierno ya estudia cambios en la ley del IMV, aunque está por ver si serán efectivos.
El desbarajuste burocrático en el que se encuentran inmerso el Ingreso Mínimo Vital lo demuestra los cuadros oficiales del propio Ministerio de Seguridad Social facilitados a raíz de una petición de Coalición Canaria (CC). En Canarias de los 108.867 expedientes presentados hasta ahora se han dado por válidos 102.239 pero se han tramitado 96.330, de los cuales se han denegado 76.775 y aún se están subsanando 2.476.
Por provincias las resoluciones aprobadas son similares en Las Palmas –8.696– que en Santa Cruz de Tenerife –8.383–. Hay más beneficiarios en la provincia occidental que en la oriental aunque la diferencia no es elevada. En Las Palmas reciben el IMV 18.462 personas, mientras que en la provincia tinerfeña son 17.542. Las resoluciones totales presentadas han sido 56.799 en Las Palmas y 52.068 en Santa Cruz de Tenerife. En la primera se han denegado 42.348 expedientes mientras que en la segunda han sido 34.427.
Complicaciones para la renta de ciudadanía
La renta canaria de ciudadanía, una de las medidas estrella del cuatripartito, modificó su objetivo inicial de ser la paga social mínima de la Comunidad Autónoma, a semejanza de las que existen en comunidades como País Vasco o Navarra, a convertirse en un complemento del IMV estatal. Sin embargo, la escasa cobertura que tiene Canarias de esta prestación complica los objetivos del Gobierno regional ya que muchas familias se están quedando sin el IMV por los rigurosas trámites que ha impuesto el Gobierno central. De hecho, la cobertura del IMV continúa siendo desigual en el territorio nacional, estando algunas comunidades por debajo del 6% como Cataluña (4,9%), Canarias (5,5%), Extremadura (5,6%), Baleares (5,8%) o Castilla y León (5,95%). Por contra, Navarra cuenta ya con una cobertura del 22,2%, seguida por Melilla (20,3%) y Ceuta (19,4%). La previsión del Ejecutivo es aprobar la ley de la renta canaria en 2022, mientras que, por su parte, el Gobierno central se ve obligado también a modificar la ley para ampliar su cobertura ante las dificultades.
