La estabilización del personal interino de las administraciones públicas es un reto para las comunidades autónomas pero es un desafío mayúsculo para las corporaciones locales canarias, que soportan tasas de interinidad que superan el 70% de la plantilla en algunos ayuntamientos de las Islas. Los plazos que se están conociendo y a los que se ha comprometido el Gobierno central con la Comisión Europea ponen en una tesitura complicada a los municipios si quieren tener las convocatorias preparadas en 2022 y al personal regularizado antes de finalizar 2024. Son más de 15.000 los empleados públicos de los ayuntamientos y cabildos que entrarían en este proceso y ya hay dirigentes municipales que ven «muy difícil» cumplir estos plazos y otros que ven la necesidad de que la Comunidad Autónoma y el Gobierno central regulen el proceso y se llegue a algún tipo de acuerdo para coordinarse y facilitar la labor a las corporaciones.
La casuística a la que se enfrenta cabildos y ayuntamientos es más compleja que en la Comunidad Autónoma. En las corporaciones municipales hay un elevado índice de personal laboral temporal e indefinido por sentencia vinculado a los diversos servicios municipales que han ido encadenando contratos a lo largo de los años. En menor medida también hay funcionarios interinos que están cubriendo las vacantes que no han podido ofertar los ayuntamientos por las restricciones económicas o por la propia incapacidad de los consistorios. Los ayuntamientos pequeños, que son la mayoría en Canarias, se enfrentan a severas dificultades para realizar de forma diligente los procesos selectivos porque no disponen de los medios personales y técnicos para hacerlo. Un botón de muestra es la situación de las plantillas de las policías locales, mermadas desde hace años, cuyos procesos selectivos los va a asumir el Gobierno canario para agilizar los procedimientos mediante convenios entre la Dirección General de Seguridad y las corporaciones interesadas.
La media de interinidad en las corporaciones locales canarias está sobre la mitad de los más de 33.500 empleados que trabajan para la Administración Local en las Islas, según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Política Territorial. Este porcentaje se eleva hasta el 70 y el 80% en algunos ayuntamientos de islas no capitalinas. Los empleados públicos de las corporaciones locales suponen el 26% del total de trabajadores del sector público de Canarias, mientras que el 56% trabaja para la Comunidad Autónoma y el 18% restante para la Administración General del Estado.
Complejidad
El presidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Tomás Pérez, apuesta porque haya «normas comunes de actuación» de todos los ayuntamientos impulsadas por la entidad que les aglutina con el fin de que haya la máxima coordinación posible en un proceso que prevé «complejo», aunque todavía los alcaldes están pendientes de cómo queda finalmente la redacción de la ley y los plazos que se aprueben definitivamente.
El también alcalde de La Aldea de San Nicolás (PSOE) espera que si finalmente la ley sale adelante y se abre el proceso se puedan estabilizar el máximo número posible de empleados públicos entre 2022 y 2024. Aunque los ayuntamientos tienen la suficiente autonomía por ley como para gestionar los asuntos de su competencia, Pérez cree que la Fecam puede realizar un trabajo de poner las cosas en común para que los procesos selectivos que se abran tengan las mismas directrices y aspectos comunes y así los procedimientos sean más rápidos.
El dirigente de la Fecam admite que hay un elevado porcentaje de interinidad en los ayuntamientos, que tiene su origen en los fuertes recortes impuestos en 2012 y la imposibilidad de convocar oposiciones. Pérez cree que es pronto para determinar si habrá ayuntamientos que delegarán la convocatoria de los procesos selectivos en la Comunidad Autónoma o en los cabildos como se está haciendo con las policías locales. El dirigente municipal recuerda que se trata de procesos que son voluntarios mediante convenios, con lo que cada ayuntamiento tiene autonomía suficiente para decidir si los procesos los desarrolla con sus propios medios o delega las competencias temporalmente en la Comunidad Autónoma.
Una demostración de que muchos ayuntamientos tendrán dificultades para regularizar este ingente proceso en los plazos fijados es que el 84% de los municipios españoles tiene 5.000 habitantes o menos, una población tan reducida que no pueden cumplir sus competencias y les hace perder la autonomía local que les atribuye la Constitución. Esta es la conclusión de varios expertos, que argumentan cómo las propias leyes reconocen estas circunstancias.
La ley de reducción de la temporalidad en el empleo público recibió el jueves un impulso decisivo al pactar las enmiendas el PSOE y Podemos con ERC y PNV, que suman suficiente mayoría en el Congreso para sacarla adelante. Ahora falta la comisión y después el debate en el pleno. El debate está servido tanto a nivel político, como sindical y jurídico ya que hay dudas sobre la constitucionalidad de una medida que supone la reconversión en fijos de miles de empleados públicos sin pasar por una oposición.
Búsqueda de consenso
La Consejería de Administraciones Públicas acelerará la comunicación con los sindicatos, tratando de que haya consenso y entendimiento entre todas las organizaciones sindicales, para aplicar en Canarias en cuanto sea aprobada la nueva ley estatal en materia de empleo público. El consejero Julio Pérez ha afirmado que el anuncio de esta nueva norma, que implica entre otros aspectos dar fijeza a los interinos con cinco años en el puesto, es al menos a primera vista «positivo y esperanzador». Todo ello, en líneas generales, coincide con las posiciones que la Consejería y el Gobierno de Canarias vienen defendiendo para dar solución a este asunto, se ha congratulado Julio Pérez, para quien todo indica que el fin del problema está más cercano.
