El juez del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, viene denunciando la «sistemática» vulneración de los derechos de las personas acogidas en estos recintos. «Un CIE es una cárcel para migrantes», ha llegado a decir el que fuera senador socialista.
Los CIE en España son centros donde se ingresa a personas que no necesariamente han cometido un delito; personas que están en situación irregular y que con el objeto de proceder a su expulsión o devolución a los países de origen ingresan en esos centros sin que necesariamente, insisto, hayan cometido un delito. Pero debemos hacer una reflexión. Es muy importante incidir en una auténtica política migratoria. Hemos recibido una herencia en la que en España había una ausencia total de política migratoria. No había política migratoria en nuestro país. Hemos recibido esa herencia y ahora tenemos que avanzar hacia un sistema que sea mucho más garantista para los derechos de todas las personas que están en nuestro país, un sistema que sea protector de los derechos humanos de todas las personas y que reconozca a las personas por las situaciones tan graves de las que vienen huyendo: pobreza, miseria, persecuciones... Muchas veces solo por el hecho de ser mujeres. Los sistemas democráticos tienen que avanzar en materia de derechos humanos, pero es algo que viene de largo, algo muy complejo porque entran en conflicto muchos intereses, y hay que hacer todos los equilibrios posibles para, con todas las garantías, poder asegurar que cuando hay que devolver a una persona a su país de origen o procedencia, se haga con todas las garantías y con respeto a los derechos humanos. Y es la obligación no de este Gobierno, sino de cualquier gobierno y cualquier democracia.
Es usted una defensora a ultranza de la igualdad. Haciendo si quiere de abogado del diablo, ¿cómo se conjuga la igualdad cuando la mujer que maltrata a una mujer tiene un tratamiento distinto por el hecho de ser mujer y no hombre?
Siempre digo que la ley contra la violencia de género es la ley más constitucional de nuestro país, porque es la que más recursos y cuestiones de constitucionalidad ha superado, más de 200 en total. El Tribunal Constitucional, en todas y cada una de las ocasiones, ha dicho que ante una situación de desproporción, ante un desequilibrio por una situación de desigualdad estructural en la sociedad, hay que adoptar normativas que restauren ese equilibrio. Pero vamos a los datos. Más de 1.100 mujeres, 1.141, han sido asesinadas desde que tenemos datos en el año 2003 a manos de sus parejas o de sus exparejas masculinas. Otras muchas han sido asesinadas fuera del ámbito de la pareja o expareja pero son delitos puramente de género. Son más de 40 niños asesinados por violencia vicaria, y al año se pone una media de unas 160.000 denuncias por violencia de género. Y sabemos que es solo un 20% de la violencia real que existe, porque hay macroencuestas que elabora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que hablan de una incidencia enorme de la violencia de género en nuestra sociedad. De modo que esta ley se sustenta sobre muchos datos, se sustenta sobre la realidad de que las mujeres estamos en una situación de desequilibrio frente a los hombres, y es una ley absolutamente constitucional.
