Canarias «peleará» con un armamento jurídico que las competencias de menores migrantes no recaigan únicamente en el Archipiélago por el mero hecho de ser el territorio costero por el que acceden a España, sino que haya «corresponsabilidad» o «solidaridad obligatoria» del resto de autonomías para acoger a estos chicos y chicas.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha encargado un exhaustivo informe a los servicios jurídicos para demostrar al resto de regiones y al Gobierno de Pedro Sánchez que cuando se hizo la norma para la guardia y custodia de los menores no acompañados se pensaba en niñas y niños en desamparo del territorio nacional y no se ponía en este objetivo la masiva llegada de chicos en pateras y cayucos.
La competencia sobre menores está recogida de forma generalizada en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en distintas disposiciones estatales, por ello en este informe se va a valorar cómo promover cambios que obliguen a la corresponsabilidad territorial o al propio Estado. Según indica la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, están mirando todos los recovecos jurídicos para batallar ante el Gobierno central y el resto de comunidades que ayuden sí o sí a las Islas, y en los que podría plantearse una reforma o puntualización en el Estatuto de Autonomía de Canarias. En la carta magna isleña, que se aprobó en 2018, un año antes del repunte de migrantes, se expone en su artículo 146 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de protección de menores que incluye, en todo caso, «la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal». No cita, por tanto, a menores extranjeros. En el artículo 144 indica el establecimiento, de acuerdo con la normativa estatal, «de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigrantes, incluidos los menores extranjeros no acompañados». No obstante, la legislación es variopinta y en una u otra norma sectorial se va plasmando que las comunidades donde se encuentran los menores son quiénes deben darles cobijo. Al haber asumido las competencias previstas en el artículo 148.1 de la Constitución Española, son las responsables de la protección de menores en sus respectivos territorios, pero tampoco se explícita que sean los menores llegados en embarcaciones. El Gobierno regional defenderá, por tanto, su postura en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, en el que se encuentra el resto de comunidades y el Gobierno de España. Distintos juristas consultados coinciden en que la solución es política, porque si se presenta una iniciativa legislativa o se modifica Estatuto de Autonomía, la Ley de Extranjería o de Menores, depende del apoyo que den los partidos en el Congreso. Gemma Martínez espera resolverlo en el Consejo Territorial aunque haya reticencias de las comunidades a acoger a los niños. En este órgano se está negociando que las autonomías se solidaricen y se pueda establecer una estrategia o un protocolo para el reparto de los menores en base al número de población, renta per cápita o paro. Pero esta estrategia, que el Gobierno de España debía presentar el 25 de julio, se está demorando precisamente por las objeciones de las autonomías para acoger a los menores por cupos, como Madrid, Galicia, La Rioja o Murcia.
En este contexto, el pasado viernes, el PSOE en el Senado se desmarcó de una iniciativa para obligar a las comunidades a ser corresponsables. El senador autonómico socialista, el canario Santiago Pérez, entiende que los menores son competencia de las comunidades, si bien instó al Estado y al resto de comunidades a ser solidarios con Canarias y a dotar de recursos a las autonomías que hagan el esfuerzo de acogerlos. Este rechazo del PSOE fricciona con la defensa que hace el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, en las Islas que ha abogado en todo momento por la solidaridad «obligatoria» o corresponsabilidad del resto de autonomías.
Con todo, el Estado está intentando rebajar las confrontaciones en este asunto con la inyección de recursos. Por un lado, ha dotado a Canarias con 50 millones de euros en inmigración en los presupuestos estatales de 2022. Canarias se gasta entre 60 a 70 millones de su presupuesto al año. Aunque al presidente canario esos 50 millones le parecen un apoyo, «no son la solución» porque seguirán llegando menores y demanda la corresponsabilidad del resto de autonomías. De otro lado, el Gobierno central ha articulado un fondo económico extraordinario de 27 millones de euros, que en 2022 aumenta a 35 millones, para la atención de los menores no acompañados en todos los territorios, es decir, para animar a las comunidades a que acojan a menores de Canarias o Andalucía. Sobre los 50 millones de los presupuestos estatales de 2022, el Gobierno canario aclara al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, que son recursos «transferidos» a las Islas y se van a usar para los gastos menores migrantes.
CC exige al PSOE que «no mire hacia otro lado»
Coalición Canaria exigió ayer al PSOE que «deje de mirar para otro lado» y asuma su responsabilidad en la crisis migratoria. Asimismo, reclama un plan de actuación específico en Lanzarote para la acogida y atención de los migrantes que llegan en patera o son interceptados cerca de la Isla. Los nacionalistas dan un paso más y exigen el desmantelamiento de las «naves y campamentos en Lanzarote porque no reúnen las condiciones higiénicas y humanitarias ni siquiera para la acogida inmediata», tal y como han denunciado los propios internos y las ONG. Al respecto, desde la organización nacionalista denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez «está cometiendo en Arrecife el mismo atropello a los derechos humanos que cometió en Arguineguín, sin embargo – señalan- la situación es mucho más grave porque entonces la excusa fue la falta de previsión y de planificación, justificación que no es aplicable ahora porque las islas llevan desde 2019 afrontando sola la crisis migratoria». El secretario general de CC, Fernando Clavijo, acusó a los gobiernos de España y de Canarias de «querer echar tierra sobre el fenómeno migratorio cuando los datos en la entrada de personas a Europa vía marítima a través de esta ruta está a punto de duplicar al de 2020». El también senador por la Comunidad Autónoma denunció el retraso en la comparecencia de hasta seis ministros «como uno más de los ejemplos del interés del Gobierno estatal por silenciar la crisis migratoria en Canarias». Clavijo registró hace un año en el Senado la solicitud de comparecencia de los ministros de Migración, Interior y Defensa y hace más de tres meses la de las ministras de Derechos Sociales, Presidencia y Exteriores y «hasta ahora la única respuesta es el silencio», afirma.
