La Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes prevé que, a partir de octubre, se producirá un repunte en la llegada de pateras a las Islas con el habitual periodo de buen tiempo en el mar y se preguntá qué están haciendo las autoridades para que entonces la acogida sea "digna".
"¿Qué es lo que se está moviendo para que en octubre haya una acogida digna? ¿Qué acuerdos urgentes de cooperación se están estableciendo con los países en origen? ¿Cómo se está organizando la redistribución de la riqueza para garantizar una justicia social en la política internacional?", plantea este colectivo, en un comunicado.
El año pasado, casi el 60 por ciento de las 23.023 personas que llegaron a Canarias en patera en el conjunto del año lo hicieron en octubre (5.328) y noviembre (8.157), lo que desbordó por completo a la red de acogidas y provocó que más de 2.300 inmigrantes estuvieran durante días hacinados en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria)
Este año han llegado ya más inmigrantes en patera a Canarias, 7.292 a 1 de agosto, que los que se registraban en 2020 a 30 de septiembre, 6.081, por lo que esta red de colectivos sociales interpela a las administraciones, para conocer si han preparado las infraestructuras y equipos necesarios.
"La Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes vuelve a reclamar las responsabilidades a todas las administraciones públicas, municipales, insulares, autonómicas, estatal y europea", señala este colectivo, que exige que se abandonen "las políticas de saqueo y expolio de los recursos de África" y se apueste por "unas relaciones internacionales de cooperación y restitución".
Además, piden "el fin definitivo de las políticas de blindaje y bloqueo fronterizo", la creación de puntos de información para las familias que buscan a desaparecidos en la Ruta Canaria y la apertura de vías legales y seguras para emigrar.
También demandan más medios para Salvamento Marítimo y que se deje de destinar fondos públicos a la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), cuya misión, sostienen, consiste en "interrumpir el proceso migratorio y deportar, causando muertes y sufrimiento, y alimentar el negocio de las armas para sacar tajada de la guerra".
Finalmente, demandan que no se violen los derechos en los centros de acogida y retención temporal de inmigrantes y que la atención a quienes llegan en pateras y cayucos sea "digna".
