Procesos de selección más cortos y con menos pruebas, menos memorísticos y con posibilidad de examinarse sin tener que desplazarse a Madrid. Así pretende el Gobierno que sean las oposiciones en la Administración General del Estado (AGE) a partir de 2025, según expuso ayer el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. Unas modificaciones que, de momento, tienen el rango de recomendaciones y que no afectarán a los procesos ya en curso, ni condicionarán los procesos de selección de perfiles dependientes de las autonomías, como los maestros o los sanitarios.

Otra reforma algo más inmediata y que está previsto que entre en vigor en 2022 es un nuevo calendario de oposiciones: la Administración estatal se compromete a publicar cada enero una recopilación de todos los concursos de la AGE que saldrán ese año. Y así los futuros opositores podrán consultar cuántas plazas saldrán ese año, cuáles serán de nuevo ingreso, cuáles de promoción y cuáles para la estabilización de interinos, y planificar en consecuencia sus exámenes.

Este manifiesto de reformas que ha presentado Iceta está pensado para la nueva generación de empleados públicos que deberá empezar a relevar a la envejecida plantilla de la administración estatal. Es decir, los funcionarios del SEPE, de la Tesorería General de la Seguridad Social, los inspectores de Hacienda y los diferentes cuerpos y estamentos que sostiene actualmente la Administración General del Estado. Y, entre otros, Iceta plantea habilitar una pasarela entre la Administración y la universidad para que en determinados másters se imparta contenido que posteriormente encaje con un proceso de selección para una plaza pública.

La declaración de intenciones de Iceta busca sacudir el modelo de oposiciones actuales. Una de las primeras teclas que quiere tocar es la reducción del tiempo que pasa entre que se oferta una plaza pública, la administración de rigor la convoca, se celebra la oposición y la persona que se saca la plaza acaba finalmente ocupándola. Algo no menor que ahora mismo puede tardar años. Iceta apuesta por acelerar especialmente el último tramo y que el tiempo que pase entre que la persona se examina y ocupa la plaza sea de unos seis meses, no un año como ocurre actualmente en muchos casos.

Exámenes más orales

Ello pasará también por la reducción del número de pruebas en determinados supuestos. Actualmente gran parte de los procesos de selección consisten en tres pruebas e Iceta aboga por reducir ese número a dos. Y eliminar especialmente los exámenes escritos que se basan únicamente en la acreditación memorística de conocimientos y sustituirlos por pruebas orales rápidas. También, en esa línea, potenciar las evaluaciones con casos prácticos a discutir entre el opositor y el tribunal.

El documento también recomienda descentralizar los procesos y que los opositores de toda España no tengan que ir obligatoriamente a Madrid para cursar sus pruebas. Es por ello que habilitará 19 puntos de examen en todo el país. Además, con el fin de reducir esos tiempos, las pruebas de idiomas se podrán sustituir por los certificados europeos homologados; aunque en cuerpos determinados (como, por ejemplo, los diplomáticos) tendrán que seguir acreditando el nivel mediante una prueba específica.

Otra propuesta es que los mecanismos de acceso sean “más sensibles” a la categoría de cada cuerpo. Es decir, que los exámenes de un trabajador del SEPE se diferencien más a, por ejemplo, los de un opositor a Inspector de Hacienda.