La semana pasada, observadores de la organización no gubernamental Euromed Rights visitaron Canarias para conocer sobre el terreno la gestión que se está haciendo tras el aumento en la llegada de migrantes. La Comisión Europea (CE) ha realizado este año una propuesta para un nuevo pacto en política migratoria y ahora les toca al Parlamento y al Consejo terminar de darle forma. Según la responsable de Asilo y Migración de la citada ONG, la italiana Sara Prestianni, “se puede hablar del Archipiélago como laboratorio” para probar las muevas medidas.
En su opinión, el nuevo modelo no es tal en lo que respecta al ensoleramiento de los hot spots, puntos que terminan por convertirse en lugares de hacinamiento de seres humanos que han llegado “tras una travesía dramática” en la que ponen en juego sus vidas. “Lo que está ocurriendo aquí recuerda a lo que ya ha ocurrido en otras islas frontera”, advierte Prestianni, en referencia a las vergüenzas internacionales que han supuesto los campamentos de Moria o Lampedusa, isla esta última que visitó el pasado verano tras el repunte de migrantes llegados por el Mediterráneo desde Túnez.
“Lesbos es un ejemplo trágico, sobre todo para los menores, con más de 8.000 personas amontonadas”, continúa. En su opinión, se está repitiendo el error de centralizar la gestión en las Islas, en lugar de repartir “inmediatamente” a los llegados por otros puntos de la geografía española y europea. En vez de esos traslados “oficiales”, la responsable de Asilo y Migración de Euromed Rights señala que las autoridades sí miran para otro lado cuando los saltos a la Península se producen de manera individual, lo que de facto, supone, en muchos casos, abandonar a los migrantes a su suerte.
Sin cambios
Despejado el muelle de Arguineguín, la cuestión de fondo no ha cambiado, solo lo ha hecho el lugar –lugares en este caso– en el que van a residir. ¿Qué pinta tiene el corto plazo con la puesta en marcha de nuevos espacios? “Nos recuerda ese Pacto por la Inmigración de la UE. Ni el Canarias 50 ni el colegio León están funcionando, pero lo que hemos visto desde fuera vuelve a recordarnos a Moria, con alta concentración de migrantes alejados del corazón de la ciudad, lo que hace muy difícil la integración que necesitan”, contesta Sara Prestianni. Barranco Seco sí está en funcionamiento, “pero ahí tenemos otro problema, que se pudo observar cuando impidieron el acceso a un grupo de europarlamentarios”. La experiencia dicta que esa ausencia de fiscalización se traduce siempre en irregularidades. En cualquier caso, se trata de un hot spot al uso, de esos que Euromed Rights señala como lugares de vulneración de los derechos de las personas.
Ejemplos de esto último ya han encontrado en Canarias. Uno, muy evidente, es la continua superación del plazo de 72 horas, el máximo que pueden estar retenidos los migrantes sin pasar por las manos del aparato judicial. Otro es la entrega “en castellano de las órdenes de expulsión, con lo que en la mayoría de los casos las personas ni siquiera saben lo que les están dando”, explica la responsable de la ONG.
El otro pilar de dudoso resultado en la política migratoria son las devoluciones. Ya hay acuerdos con Mauritania, incluso para llevar allí a ciudadanos de otros países que hayan partido de sus costas, con Senegal “y ha habido casi un chantaje a Marruecos diciéndole que se restringirán los visados si no admite devoluciones. Si eso se produce, habrá muchas más personas, lanzándose al mar”, avisa Prestianni.
