El actual convenio de carreteras se ampliará dos años más para incorporar los más de 400 millones de euros que adeuda el Estado a Canarias de fondos no ejecutados y que no se transfirieron del convenio anterior. El acuerdo vigente es hasta 2025 y las negociaciones entre el Gobierno canario y el Ejecutivo central van en la línea de ampliar el convenio hasta 2027 y sumar en los dos últimos ejercicios algo más de 200 millones en cada uno para liquidar una deuda que se arrastra desde los años 2012 a 2016, cuando el Ministerio de Fomento redujo drásticamente el convenio anterior por la crisis económica y la Comunidad Autónoma denunció este recorte ante la Audiencia Nacional, ganando con posterioridad el pleito judicial en el Tribunal Supremo.
Obras Públicas cerrará este año con 110 millones certificados y 16 nuevos proyectos
El consejero de Obras Públicas del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, explica que el departamento que dirige está terminando de cuantificar los costes que suponen las revisiones de precios y las resoluciones judiciales de las empresas que recurrieron en su momento los cambios en los contratos. Franquis prevé que la deuda total ascienda a unos 412 millones de euros que, una vez se concrete, se terminará de negociar los detalles técnicos a partir de la segunda quincena de enero como un acuerdo extrapresupuestario. Cuando se cierren los flecos se firmará una adenda al convenio actual, que se firmó en 2018, por el que se amplía su duración dos años más y en los ejercicios 2026 y 2027 se incluirán los 412 millones del contencioso de la deuda como partidas para el gasto finalista en carreteras, ya que se trata de fondos no ejecutados pero destinados a vías públicas.
Los dos años de prórroga del convenio también dispondrán de al menos 200 millones de euros anuales, que es la partida que recibirá en 2021 la Comunidad Autónoma y que está recogida en los presupuestos del Estado. Franquis adelanta que su departamento acabará este ejercicio con unos 110 millones de euros certificados en obras, lo que supone un revulsivo antes las dudas que se habían suscitado sobre la capacidad de Obras Públicas de ejecutar un volumen de 200 millones de euros o más al año por la experiencia de otros ejercicios, en los que se han dejado fondos sin gastar.
El titular de Obras Públicas, Transportes y Vivienda puntualiza que cuando llegó al departamento no había proyectos nuevos sino los que ya estaban redactados, que ya se han licitado, adjudicado y están ejecutándose como son la segunda fase de la carretera Agaete-La Aldea, el anillo insular de Tenerife, la vía Caldereta-Aeropuerto en Fuerteventura y una obra en La Palma. Franquis admite que pueden existir ciertas “dificultades” para ejecutar el doble de fondos que este año y por eso se han sacado a concurso hasta 16 proyectos para tener un elevado nivel de obra pública e incrementar la ejecución en la segunda parte de la legislatura.
“De aquí a los primeros meses de 2021 vamos a contratar cuatro a cinco proyectos más de vías importantes con la idea de adjudicarlos a final de año”, explica Franquis. El consejero recuerda que “la Comunidad Autónoma nunca ha certificado más de 200 millones de euros en un año, por lo que plantearse hacerlo con los 400 millones de la deuda de carreteras es imposible, por eso el objetivo es alcanzar una ejecución de 200 millones anuales e ir incrementando la capacidad en los próximos ejercicios cuando estén todos los proyectos que se han encargado terminados y licitados, con el fin de aumentar el volumen de obras para certificar”.
Dificultades en 2021
Sin proyectos. Así se encontró el actual equipo de Obras Públicas cuando llegó al Gobierno. En 2019 se ejecutaron tan solo 37 millones de euros y este año acabará en unos 110, lo que supone un salto cuantitativo muy importante, si bien existe el hándicap de la capacidad que tendrá el Ejecutivo de gastar los 200 millones de euros que pondrá el Estado en 2021 para las carreteras canarias. Después de los vaivenes que ha sufrido en los últimos años el convenio de carreteras, ahora llega el momento de incrementar el volumen de obra pública porque supone más inversión, dinamización económica y creación de puestos de trabajo. Pero el problema es contar con los proyectos necesarios para que eso suceda y existen dudas de que se pueda incrementar la ejecución en 2021 lo suficiente si no están a tiempo las licitaciones y adjudicaciones de las nuevas vías que incluye el convenio. | R.A.D.
