La bicefalia en la política de vivienda ha tensado la relación entre el PSOE y la Agrupación Socialista Gomera (ASG). Los socios de gobierno acordaron que el PSOE y el partido de Casimiro Curbelo compartirían la gestión en materia de vivienda. Una tarea ya de por sí dividida porque en ella intervienen dos entes distintos: el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan). Los socialistas dirigen el Icavi y la ASG se ocupa de Visocan, y ambos tienen el reto de ejecutar un ambicioso plan de construcción y rehabilitación que cuenta con 121 millones de euros en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021. Sin embargo, los de Casimiro Curbelo no están satisfechos con la distribución de esos 121 millones y reclaman para Visocan un mayor trozo del pastel. Es más, en la ASG tampoco se contentan con el incremento de diez millones de euros que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional, Sebastián Franquis, les garantizó la semana pasada en el Parlamento. En la Agrupación Gomera insisten en que el Pacto de las Flores estableció una gestión equitativa de la política de vivienda, lo que a su juicio exige un incremento de los fondos destinados para Visocan superior a los diez millones anunciados por Franquis. Mientras, en la consejería trabajan en la enmienda al proyecto de presupuestos que permitirá dar más dinero a la empresa pública que timonea ASG, pero las cantidades están por concretarse.

Tanto en el PSOE y la consejería como en la Agrupación Socialista Gomera están convencidos de que el reparto de los dineros para vivienda terminará por satisfacer a unos y otros. Pero es igualmente cierto que las conversaciones están en un compás de espera. En la Cámara autonómica, Franquis explicó que diez millones de euros destinados para Visocan no se contabilizaron como tal en el proyecto de presupuestos por error. De ahí que en la consejería estén redactando una “enmienda técnica” para corregir el fallo. No obstante, el problema es que desde la ASG avisan que no es suficiente con enmendar el error, sino que Visocan necesita más recursos para poder ejecutar su parte del plan. ¿Cuánto más? El portavoz parlamentario de la Agrupación Gomera en materia de vivienda, Jesús Ramos Chinea, no quiso ayer dar cifras exactas, pero sí dejó claro que no basta con la cantidad que Franquis avanzó en la Cámara. “Son necesarios más de diez millones”, subrayó.

Hay que recordar que el Icavi y Visocan son dos caras de una misma moneda. Es decir, tienen funciones distintas pero complementarias y un objetivo común: el de garantizar un parque público de viviendas accesible y acorde con las necesidades de la población. El Icavi es el titular de las viviendas públicas, mientras que Visocan es una sociedad anónima unipersonal dependiente del Gobierno de Canarias y cuyo principal objeto es la promoción de casas, tanto públicas como privadas, en régimen de protección oficial. Con todo, Visocan ha centrado su actividad en los últimos años en los arrendamientos, hasta el punto de que el alquiler casi se ha convertido en su única actividad. Muchos de los inquilinos de las viviendas de Visocan reciben a su vez la ayuda al pago del alquiler del Icavi. Pero la empresa pública también tiene entre su objeto social la adquisición de viviendas, y es justo aquí donde la ASG ve una oportunidad para contribuir a paliar el déficit de casas que sufren las Islas. “Visocan tiene capacidad para adquirir viviendas desde ya, viviendas que en algunos casos habrá que rehabilitar antes, y solo con esos diez millones más creo que no va a ser suficiente”, ahondó Ramos Chinea, que recordó que en el pacto que sustenta el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres se acordó que el área de Vivienda “la distribuiríamos al 50%”.

En cualquier caso, y más allá del rifirrafe por la distribución de los 121 millones del plan de construcción y reforma, la hoja de ruta del Gobierno de Canarias no va a sufrir alteración alguna. En la consejería quieren, eso sí, ajustar cada partida de gasto al milímetro para que tanto el Icavi como Visocan puedan sacar adelante el mayor número de proyectos posible. En este sentido, no hay que olvidar que lo que se consigna en los presupuestos, en este caso para vivienda, no suele coincidir, ni de lejos, con lo que la Administración pública acaba gastando de manera efectiva, lo que se conoce como ejecutar el presupuesto.

Baja ejecución

Es habitual, de hecho, que Canarias figure entre las comunidades autónomas con menores porcentajes de ejecución presupuestaria en los capítulos de inversiones, un mal casi endémico con el que Sebastián Franquis se ha propuesto acabar en 2021. La idea, por tanto, es conseguir gastar lo que aparece en las cuentas públicas, o al menos la mayor parte.

De cumplirse lo anterior, los 121 millones servirán para poner fin a un largo período de parón en la construcción de nuevas casas. Hace ocho años que no se levantan viviendas en el Archipiélago, y el programa del Ejecutivo prevé la construcción de hasta 5.971 de aquí a 2025, de las que 3.634 serán de promoción pública.