La diputada del Grupo Nacionalista Canario Cristina Valido
Se trata de una ayuda única que se suponía que era urgente para muchos ciudadanos en situación de extrema necesidad, señala la parlamentaria en un comunicado.
Valido indica que el Gobierno de Canarias presumió en julio de haber pagado a todo el mundo, "pero ahora han solicitado informes que dependen de los Ayuntamientos, ya desbordados y a los que les marcan un plazo insuficiente para su elaboración".
En su opinión, el desconocimiento del trabajo y situación actual de los trabajadores sociales municipales, "ha llevado a la consejera Noemí Santana a decir que con un sencillo informe social de su ayuntamiento los demandantes pueden resolver favorablemente sus solicitudes".
Agrega que tras pretender que se asuma esta gestión en solitario, "son los ayuntamientos los que tienen a los ciudadanos en la puerta exigiendo esos informes que han de presentar en un plazo de 10 días".
El grupo Nacionalista Canario advierte del escaso plazo y comparte y apoya la posición del Colegio de Trabajadores Sociales, que plantea que estas exigencias de documentación no fueran previas a la "concesión condicionada", porque coloca la responsabilidad en los profesionales municipales.
La nota añade que informe social que se solicita requiere de un serio trabajo previo que permita elaborar un diagnóstico e informe social riguroso y contrastable, y si no se emiten estos informes en tiempo requerido por el Gobierno, los demandantes entenderán responsables a los municipios de la denegación de la ayuda.
Según Valido, parece que la Consejería desconociera la situación de desbordamiento en los servicios sociales municipales y el trabajo de emergencia que están realizando para las familias, en el caso como ejemplo la prestación canaria de inserción, cuyos informes en muchos ayuntamientos tardan meses en realizarse.
