La lucha contra el fraude fiscal se topa en el Archipiélago con la escasa dotación de personal de la Agencia Tributaria Canaria. Poco más de la mitad de las plazas de este ente público están cubiertas en la actualidad: 421 de 758, un 55% de la relación de puestos de trabajo (RPT). El consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno autonómico, Román Rodríguez, expresó ayer en el Parlamento su intención de sacar una oferta de empleo "especial", que se desarrollará durante dos años, para corregir este problema.

Rodríguez compareció a solicitud del PSOE para exponer la situación del fraude fiscal en el sector turístico y, en concreto, en las viviendas vacacionales. Combatir este fenómeno exige aumentar los efectivos dedicados a la inspección, que ahora son "claramente insuficientes", así como convertir la Agencia Tributaria Canaria en "un instrumento eficaz". Para ello, la Consejería prevé ampliar sus plantillas, con lo que espera ganar en "visibilidad y presencia". "La Agencia tiene que estar presente en todas las islas", dijo el vicepresidente.

De esta manera, la Consejería de Hacienda pretende "incentivar los cumplimientos voluntarios" mediante el envío de cartas a los contribuyentes y las "visitas de control", que incrementan en un 26% de media el cumplimiento de las obligaciones tributarias, apuntó Rodríguez. En este objetivo se inscribe también el proyecto de poner en marcha contenidos de educación cívica en materia de tributos que en la actualidad se están diseñando. La incidencia del fraude fiscal alcanza en Canarias al 25% de la economía, que está "sin tributar", apuntó Román Rodríguez. "Lo perseguiremos con las leyes en la mano", avisó.

Sentencias judiciales

En cuanto al alquiler vacacional, el consejero de Hacienda coincidió con el diputado del grupo socialista Iñaki Lavandera -proponente de su comparecencia- en que "no está bien regulado", como han demostrado ya distintas sentencias judiciales. Rodríguez advirtió, en este sentido, de que la regulación de esta actividad debe implicar también a municipios e islas. "Debemos ir de la mano de cabildos y ayuntamientos", señaló.

Lavandera, por su parte, elevó al 50% el peso de la economía sumergida en el sector de las viviendas vacacionales, una actividad que en estos momentos, marcados por la pandemia de Covid-19, ofrece "ciertas ventajas y precios muy competitivos". Pese a reconocer que esto representa "una oportunidad", el diputado socialista sentenció que "no se puede permitir" que muchos propietarios tengan que competir con otros que desarrollan su actividad al margen de la legalidad.

Román Rodríguez confirmó, en una comparecencia previa solicitada por Rosa Dávila (CC-PNC), que el Gobierno no tocará los impuestos -ni a la baja ni al alza- mientras duren los efectos económicos de la crisis sanitaria. El consejero volvió a encontrarse con el escepticismo de la oposición, en especial Partido Popular y Ciudadanos, en tanto que la diputada proponente le sugirió hacer rebajas en tributos concretos con el fin de estimular la recuperación de la economía y "ayudar a la cohesión social". "No puede renunciar a hacer política fiscal", recriminó Dávila a quien la ha sucedido como consejero de Hacienda del Ejecutivo regional.

Rodríguez remarcó el carácter "esencial y determinante" de la fiscalidad y, de hecho, recordó que una de las primeras decisiones del Gobierno fue recuperar el medio punto que había perdido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y establecer una aplicación "progresiva" del de sucesiones y donaciones. "Revisamos la fiscalidad que otros rebajaron de forma oportunista", dijo.

La renuncia a modificar ahora los impuestos no implica, matizó el consejero, que no se respalden las nuevas medidas impositivas que prepara el Gobierno central, sean tasas ambientales, a las transacciones financieras o a las multinacionales tecnológicas.