El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad el decreto de medidas sociales que crea un ingreso canario de emergencia para unas 38.000 familias sin ingresos. Hasta ahora están en trámite 20.000 solicitudes para el ingreso de emergencia, que se empezará a pagar a partir del 27 de mayo, se han gestionado 1.500 nuevas solicitudes de la PCI al amparo de este decreto y 17.000 familias no han tenido que pagar el alquiler.
El ingreso canario de emergencia es un pago único destinado a las unidades de convivencia en situación de extrema necesidad como consecuencia de la situación de la crisis sanitaria y la cuantía es variable en función del número de miembros de la familia.
Así, una persona sola percibirá 367 euros, que sube a 415 con dos miembros, a 453 con tres, a 478 con cuatro, a 497 con cinco y a 511 con seis o más.
El decreto, que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, incluye también una flexibilización de la percepción de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y exonera del pago del alquiler a 17.000 familias que viven en viviendas de titularidad pública.
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, quien presentó ante el Parlamento el decreto ley para su convalidación, reconoció algunas deficiencias en su redacción y consideró que en el trámite parlamentario se podrá corregir.
Pero los partidos de la oposición no fueron tan condescendientes y acusaron a la consejera de haber perpetrado "una chapuza legislativa", como dijo el diputado del PP Poli Suárez, lo que obligó al Gobierno a aprobar posteriormente un decreto para corregirlo.
Cristina Valido, de CC-PNC, anunció que su grupo enmendará el proyecto de ley para que el plazo de solicitud del ingreso canario de emergencia se amplíe hasta que se recupere la situación anterior al estado de alarma, porque muchas personas pueden necesitar ese ingreso puntual más adelante o no han podido pedirlo por falta de información.
La representante de CC-PNC también demandó que se amplíe el número de perceptores de la cuota cero de los comedores escolares a aquellas familias que no contaban con ella antes del estado de alarma pero que posteriormente han visto complicarse su situación económica.
Poli Suárez, del PP, anunció que su grupo propondrá en la fase de enmiendas que la exoneración del alquiler para las familias alojadas en vivienda pública se extienda a junio y no se aplique solo en abril y mayo como figura en el decreto.
Vidina Espino, de Ciudadanos, anunció también su voluntad de enmendar el texto ante las "evidentes carencias" de este "desastre" y de este "galimatías".
La consejera Noemí Santana defendió la urgente necesidad de aprobar estas ayudas sociales ante el impacto social y económico de la crisis sanitaria del covid-19 y subrayó que es un elemento más del "escudo social" que están desplegando los gobiernos de España y de Canarias.
Canarias llegó a esta crisis con un 36% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social y probablemente esta situación se vaya a ver agravada, pero estas tres herramientas (el ingreso de emergencia, la flexibilización de la PCI y la exoneración del pago de alquileres públicos) tratan de "frenar el golpe".
Carmen Hernández, de Nueva Canarias, puso de relieve que este decreto demuestra que el Gobierno de Canarias afronta esta crisis de manera muy diferente a como se hizo en 2008 y demuestra por tanto que todos los políticos no son iguales.
María del Río, de Sí Podemos, destacó que 100.000 personas sin ingresos podrán contar con este ingreso mínimo vital en tanto el Estado pone en marcha la renta mínima y destacó que este decreto supone una partida de 16 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias.
