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Crisis del coronavirus

Canarias recibirá 15,5 millones de euros para colectivos en situación de vulnerabilidad

1.276.000 euros garantizarán el derecho básico de alimentación infantil en las Islas

Canarias recibirá 15,5 millones de euros para colectivos en situación de vulnerabilidadeldia.es

Canarias recibirá un total de 15.363.602 euros para la financiación de ayudas y fondos sociales para hacer frente a la crisis sanitaria global actual, como parte del compromiso del Gobierno de España de atender a las necesidades de los más vulnerables ocasionadas por el coronavirus COVID-19 y por las consiguientes medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes a través de sendos Acuerdos la formalización de los criterios de distribución y la distribución resultante de dos fondos sociales acordados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, centrados en atender a las prestaciones básicas de los servicios sociales y garantizar la alimentación infantil ante el cierre de los centros escolares.

De esos cerca de 15,5 millones de euros destinados a Canarias, 14.087.602 euros corresponden a los créditos para la financiación de las prestaciones básicas de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias y corporaciones locales canarias, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.

Los restantes 1.276.000 euros corresponden a los créditos para la financiación de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

Ayudas para alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Las ayudas para alimentación infantil, que se prolongarán mientras permanezcan cerrados los colegios e institutos y que comprenden el reparto en toda España de 25 millones de euros, irán destinadas a niñas y niños que recibían en sus centros educativos una beca comedor y que, ante el cierre de los mismos, se encuentran desprovistos de esta comida esencial.

Las ayudas podrán consistir en transferencias económicas directas o la prestación directa de distribución de alimentos y serán beneficiarias las familias con alumnado desde Educación Infantil hasta Secundaria, a quienes las comunidades autónomas o los servicios sociales municipales hayan concedido becas o ayudas para el comedor escolar durante el presente curso académico.

Fondo Social Extraordinario frente al COVID-19

Este fondo extraordinario distribuye entre los distintos territorios del Estado los 300 millones de euros contemplados en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, gracias a la autorización por parte del Ministerio de Hacienda de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020.

Los recursos de este fondo solo pueden utilizarse para hacer frente a situaciones derivadas del COVID-19 y están destinados a reforzar las políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad en las distintas comunidades autónomas, en concreto, personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales, entre otros colectivos.

El Fondo Social Extraordinario, cuya distribución responde a unos criterios de reparto objetivos basados en el número de habitantes, dispersión de la población en el territorio y población envejecida, financiará proyectos y contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de prestaciones como:

Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario. Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria. Trasladar cuando sea necesario al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación. Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar. Adquirir medios de prevención. Ampliar las plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales.

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