El 'salvavidas' del ciudadano frente a la Administración

Un "bien de Canarias" -en palabras del presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres-, un "salvavidas frente a la maraña administrativa", según el presidente del Parlamento, Gustavo Matos- y una institución sin la que "no cabe hablar de estado social y democrático de derecho", para el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro-. El Diputado del Común se ha consolidado como una institución "imprescindible", no solo por las funciones que tiene encomendadas -defender a los canarios de los excesos, abusos y arbitrariedades de las administraciones-, sino porque, a ojos de los ciudadanos, conserva una credibilidad que otras entidades públicas han perdido en tiempos de desafección política, como destacó Matos.

El acto de celebración de los 35 años de existencia de la Diputación del Común -denominación que ha adoptado tras la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2018- congregó a representantes del Parlamento autonómico, el Gobierno, otros órganos adscritos a la Cámara -el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas- y a allegados de los anteriores titulares de la institución, así como a uno de ellos, el propio Jerónimo Saavedra. Fueron los familiares de los excomunes -un nieto de Luis Cobiella, un primo de Arcadio Díaz Tejera, una hija de Fernando Giménez y un hijo de Manuel Alcaide-, además del expresidente del Gobierno, los encargados de recibir los homenajes a quienes precedieron a Rafael Yanes en estas funciones.

"Resulta imposible explicar la autonomía de Canarias sin hacer referencia al Diputado del Común, que ocupa una posición de honor en su historia", afirmó, antes del tributo, el presidente del Parlamento. Tras Matos, el jefe del Ejecutivo resaltó la "labor excepcional" desarrollada por Yanes y sus predecesores. "Las instituciones que dan respuesta a los ciudadanos son las verdaderamente imprescindibles", dijo Torres.

Para hacerse una idea de la evolución que ha experimentado este comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos de la ciudadanía, hay que retrotraerse a sus comienzos. Así, Rafael Yanes relató que la primera queja recibida por el órgano fue atendida por su primer titular, Luis Cobiella, en su domicilio, dado que "no tenía despacho". Hoy, tres décadas y media más tarde, tiene presencia en las ocho islas reconocidas por el texto estatutario. "Hemos visto a la institución crecer en credibilidad y eficacia", señaló. En este crecimiento tienen una parte esencial, a juicio del actual Diputado, los trabajadores y las cinco personas que han ostentado el cargo hasta su llegada. "Sin su trabajo -aseguró- sería imposible llegar al momento en el que estamos". En estos 35 años se han tramitado 50.000 expedientes, de los que el 60% termina con resultado positivo.

El remate del acto fue una conversación a tres bandas entre Jerónimo Saavedra, Álvaro Gil-Robles -que fuera Defensor del Pueblo entre 1988 y 1993- y Gloria Lomana -periodista y consultora en igualdad-, destinado a abordar algunos de los retos que aguardan a los defensores del pueblo en España pero en el que se revelaron también algunos episodios poco conocidos de la historia de estas instituciones. En el caso del Archipiélago, Gil-Robles contó que el Diputado del Común pasó por "un momento de crisis" coincidiendo con su proceso de nacimiento. La institución canaria fue la primera de este tipo en España que asumió competencias en materia de quejas por el funcionamiento de la Administración de Justicia, lo que estuvo cerca de costarle un recurso de inconstitucionalidad. "Se pueden imaginar el debate interno", dijo Gil-Robles, que entonces actuaba como adjunto del Defensor del Pueblo, que en esa etapa era Joaquín Ruiz-Giménez, a quien trató de convencer -con éxito- de que "no era el momento" de llevar a la institución recién creada ante el Tribunal Constitucional.

El diálogo sirvió para dejar claro que ni Saavedra ni Gil-Robles son demasiado partidarios de atribuir a los defensores del pueblo la potestad de multar a las administraciones obstruccionistas. El expresidente del Gobierno canario se inclinó por que los medios de comunicación y la propia clase política utilicen el "arma" de la declaración de obstruccionismo como una "sanción moral". Gil-Robles, por su parte, consideró preferible "ir sobre el terreno" para conocer las circunstancias concretas de cada administración y opinó que es mejor emplear "la persuasión y el convencimiento".

La independencia es uno de los requisitos para que los defensores del pueblo ejerzan su tarea adecuadamente. La clave reside en cómo conseguirla. En este punto, Saavedra se mostró más tajante. "Te eligen porque te creen capaz de serlo. Somos claramente independientes", sostuvo. Gil-Robles advirtió, sin embargo, de que "no es fácil" mantener esa independencia. De nuevo en el terreno de las revelaciones, relató que estuvo sometido a "tensiones muy fuertes" por parte de un ministro del Interior que, en pleno escándalo de las torturas en el cuartel de Intxaurrondo, pidió su cargo al presidente del Congreso.

Mujeres en el equipo

El Diputado del Común ha incorporado en esta etapa una adjunta especial para violencia de género e igualdad, una novedad que saludó Gloria Lomana. "Si hay mujeres en el equipo, las quejas se interpretan de otra manera", apuntó la periodista y empresaria, que recomendó "fomentar el diálogo y la colaboración entre equipos" y promover las políticas de igualdad, que "no son una moda ni una opción: es la única opción", sentenció antes de exponer una "asignatura pendiente", la conciliación.

Antes había intervenido el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que se centró en las garantías para la independencia en la actuación de los defensores del pueblo. A juicio de Navarro, los seis titulares del Diputado del Común "han sido independientes" y el Parlamento de Canarias hizo con ellos "las elecciones más adecuadas". Las disposiciones legales sobre el cargo -que no está sujeto a mandato imperativo y es incompatible con afiliaciones políticas y sindicales y el ejercicio de otras funciones- ayudan a esa independencia, así como la "mayoría muy cualificada" necesaria para la elección.

No obstante, el Navarro introdujo algunas de las propuestas formuladas por el Consejo de Europa a través de los llamados Principios de Venecia. Entre ellos figura la posibilidad de acceder al cargo a través de un concurso "público y objetivo" y limitar las reelecciones. Se trata, puntualizó, de "mejorar la apariencia de independencia", dado que, a su entender, esa independencia ya existe.