El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene un marcado carácter social para los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (PSOE, Podemos, NC y ASG), mientras que para los de la oposición es un espejismo (Cs y PP) y un postureo (CC-PNC).

El presupuesto asciende a 9.569 millones de euros, el 8,75% más que este año, pero de esa cantidad 1.468 millones se destinarán a amortización de la deuda, y al excluir esta medida y otros gastos financieros quedarán 8.066 millones, el 2,7% más.

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que compareció en comisión parlamentaria para explicar el proyecto de ley, insistió en que las cuentas están impregnadas por el gasto social, en un momento en el que hay un proceso de desaceleración económica e incertidumbres como el brexit. Además, habló de la necesidad de un gobierno estable en España porque el presupuesto presentado, afirmó, se mejorará a poco que se estabilice la política española, y en este contexto opinó que en torno al PSOE debería haber una nueva mayoría y que respete los derechos de la comunidad autónoma de Canarias.

Los presupuestos también están condicionados por la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que para Rodríguez es imprescindible reformar porque perjudica a las comunidades autónomas que cumplen al aplicarse un criterio restrictivo que lleva a que el superávit no se pueda gastar.

En resumen, se trata de un presupuesto base que debería incrementarse en al menos 300 millones cuando se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Aborda, explicó, la mejora de los servicios públicos esenciales y la generación de empleo de calidad, además de apostar por la sostenibilidad, la transición económica y la lucha contra el cambio climático. Destacó que el gasto en Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad, Vivienda, Empleo y Derechos Sociales representa el 75% del total, el 6,1% más que este año. Es un presupuesto, dijo el consejero, en el que en educación se llegará a 1.878 millones de euros, el 7,1% más que en 2019, 125,2 millones, y añadió que esa cifra se incrementará "como mínimo" el 42 millones del plan de infraestructuras que corresponde al Gobierno central.

Asimismo, agregó que en Sanidad, el Servicio Canario de la Salud tendrá 3.140 millones, 134,4 más que este año, el 4,5%. En derechos sociales se gestionarán 517 millones, el 9,5% más, y destacó que la Prestación Canaria de Inserción (PCI), en "transición" hacia la renta de ciudadanía, aumentará en 27 millones y se incorporarán 30 millones para luchar contra la pobreza si el Gobierno central "respeta los derechos" de Canarias. También destacó que se hará un esfuerzo inversor con 1.008 millones y habrá un 13,6% más para agricultura, ganadería y pesca.

La diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, aseguró que el presupuesto es decepcionante porque se habla de un presupuesto social pero "no es más que un espejismo" porque el aumento en Sanidad es para gasto de personal y pago de horario, y no para afrontar las listas de espera. Espino consideró que en educación ocurre algo similar.

La diputada del grupo Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza estimó que no se destruirá empleo y subrayó que el gobierno aumenta la partida de políticas activas de empleo, y dijo que a pesar de la incertidumbre internacional el Gobierno canario ha presentado unas cuentas "al menos creíbles" y responsables. Melodie Mendoza señaló que el hecho de que las partidas pendientes del Gobierno central no figuren en el proyecto no quiere decir que se dejará de reclamar.

El portavoz del grupo Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, reconoció que los presupuestos no son los óptimos pero "son prudentes", y reclamó atención a cuestiones como la conformación del próximo Gobierno español, al que se deberá exigir lo que corresponda a Canarias.

El diputado de grupo Popular Fernando Enseñat afirmó que los presupuestos son "un espejismo" porque si bien se habla de aumentar en 352 millones el gasto social, de esa partida 210 millones son para gasto de personal, no para contrataciones.

Por último, el portavoz del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), José Miguel Barragán, reconoció que nada tiene que decir sobre las prioridades y los condicionantes del gobierno regional, pero criticó que "no pelee" por los recursos que la administración central le debe. Opinó que hay "mucho postureo" por parte del Gobierno canario para reclamar la deuda del Ejecutivo central.