Los 3 recurrentes de las pruebas para funcionario de alto nivel suspendieron

Ninguno de los tres particulares que recurrieron las bases de las oposiciones para ingresar por el turno libre (desde fuera de la Administración) en el más alto grado del funcionariado canario como ingenieros industriales superó las pruebas. Solo uno de ellos sí logró su objetivo a la hora de promocionar internamente, convocatoria a la que también decidió presentarse. En todos los casos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) les dio la razón, al igual que a los colegios de ingenieros industriales de ambas provincias. Las cuatro sentencias emitidas hasta la fecha, idénticas, impiden el acceso al cargo a quienes, aun en el caso de aprobar, no cuentan con un máster además del correspondiente grado.

En torno a un millar de personas se presentaron a las pruebas para las diferentes especialidades (cuerpo facultativo) en el nivel A.1. -el máximo- de la Administración canaria. Para que la decisión judicial tenga el menor impacto posible en el aparato administrativo y reducir el número de aspirantes afectados, la Dirección General de Función Pública va a nombrar a todos aquellos que aprobaron y no están afectados por la sentencia. Es decir, los que tienen un máster. "Respecto a los que no lo tienen, esperaremos a que dicte sentencia el Tribunal Supremo", explicó la directora general, Laura Martín. El Gobierno canario no recurrirá por tanto la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

Para el resto de especialidades, la directora general anunció que continuarán funcionando conforme a las bases de la convocatoria, en las que no se exigía a los candidatos estar en posesión de un máster, tal y como tampoco lo hace el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). No hay sentencias, por el momento, que afecten más allá de los ingenieros industriales, si bien ya camina en el TSJC otro recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Viendo el éxito de los anteriores es de esperar que se vaya sumando el resto. El desánimo cunde entre los afectados, que, además del EBEP, esgrimen otros textos normativos que avalan su postura. Entre ellos, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En su artículo 9 señala: "Las enseñanzas de grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional".

El mismo real decreto reserva al máster "la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras". D. A. obtuvo el grado en Ingeniería Eléctrica, rama de Ingeniería Industrial, en 2016. Tras unas malas experiencias en la empresa privada decidió presentarse a las oposiciones desde que conoció su convocatoria. Invirtió 2.000 euros en su preparación e innumerables sesiones de estudio de entre diez y once horas diarias.

"Supuse que era una manera de obtener algo al margen de los tratos de favor que me encontré en el ámbito privado. Si estudiaba, obtendría el puesto". Superó todos los exámenes y está entre los trece primeros, el número de plazas que se pusieron en liza. Sin embargo, "ahora esto", expuso ayer con el desánimo de quien no puede celebrar un logro para el que ha trabajado durante meses. "Si no me nombran ahora, me están perjudicando; de hecho, me están excluyendo", se quejó ante el giro que han tomado los acontecimientos y que, a su juicio, se está llevando por delante los principios de igualdad, mérito y capacidad. "Aprobé en todas las pruebas, por tanto mi capacidad está demostrada", explicó. Ahora, además, ha de afrontar los gastos para recurrir ante el Tribunal Supremo. Sin trabajar durante el tiempo que dedicó a la preparación, ha tenido que pedir "a la familia" los 9.000 euros" "mínimo", que le cuestan llevar su caso al Tribunal.