Avanzar en el acuerdo para el pago por parte del Estado de la deuda en carreteras y dar solución inmediata a la emergencia habitacional del Archipiélago son dos de las prioridades de Sebastián Franquis (1961, Las Palmas de Gran Canaria), nuevo consejero de Obras Públicas,?Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. El socialista lamenta que en los últimos años se haya hecho "mucha política" en materia de carreteras y que, sin embargo, se haya gestionado poco planificado menos". Franquis advierte también que el bloqueo en el escenario político nacional ralentiza las negociaciones y lastra los intereses del Archipiélago.

¿Habrá acuerdo para el pago por parte del Estado de la inversión adeudada en carreteras?

Vamos a ser exigentes a la hora de defender nuestros intereses, pero desde el diálogo y la lealtad institucional. Tenemos la esperanza de que una vez que exista Gobierno en España se puedan culminar esas negociaciones que ya hemos iniciado. Somos conscientes de las dificultades que hay, pero todos tenemos la sensación de que finalmente podremos llegar a un acuerdo.

¿Por qué Madrid parece que ahora acepta la fórmula que en su momento planteó CC para desatascar este asunto?

La información que tenemos es que el Ministerio nunca ha planteado cambios de posición. Fomento ha estado abierto antes , durante y después de la firma del convenio. La voluntad del Ministerio era llegar a un acuerdo antes de febrero, pero no se pudo hacer porque el Gobierno de Canarias optó por otras vías. Hay espacio para llegar a un acuerdo y así nos lo han comunicado los responsables de Fomento.

¿No tiene nada que ver el color político?

No. De carreteras se ha hecho mucha política, especialmente los últimos años, y se ha gestionado poco y planificado menos. Es el momento de planificar y gestionar más así como de coordinarse más con ayuntamientos y cabildos en esta materia. Hay un convenio de carreteras firmado y unos plazos establecidos.?Es necesario priorizar las inversiones en base a los proyectos, que no se hacen de la noche a la mañana.

Fomento alegó en respuesta a uno de los requerimientos de la Audiencia Nacional que parte de la deuda que no reconocía en el acuerdo extrajudicial estaban incluidos en el nuevo convenio, destinado a obra nueva. ¿Le han planteado algo así en estos primeros contactos?

El Gobierno de Canarias optó por firmar el convenio y no el acuerdo extrajudicial. A la hora de ponerse en juego algo más de 300 millones que están pendientes de concretar, nosotros entendimos en ese momento la posición del Gobierno canario anterior, pero también entendíamos que eso se tenía que seguir negociando. Si las cosas se pueden resolver en el plano político con la negociación, y no acudir a los tribunales, mejor que mejor. El Gobierno central del PSOE ha firmado un convenio de 1.200 millones y muestra con claridad la sensibilidad que tiene en esta materia en comparación con el anterior, que estableció recortes y generó la deuda. La dificultad ahora es que hay un Gobierno en funciones y eso va a ralentizar. Queremos resolver los problemas y no crear de una situación un conflicto político, que creo que fue la estrategia del anterior Ejecutivo canario.

¿Qué fórmula busca Obras Públicas junto con Hacienda para, además de recibir la totalidad de la cuantía adeudada cuanto antes, no se destine al superávit?

Tiene que existir un Gobierno en España, cuando nos coordinemos Hacienda y Obras Públicos iremos a Madrid y el Gobierno, una vez que avance la negociación, tomará una decisión.

¿El objetivo es destinarlo a servicios esenciales?

Es una política de alcance que tiene que decidir el conjunto del Gobierno. Si esos recursos pueden compensar otras prioridades, lógicamente el Gobierno tendrá que ponerlo sobre la mesa. Nuestro objetivo ahora es que venga y que ninguna obra importante se quede aislada.

En cualquier caso, Hacienda aún no se ha planteado dar vía libre a las Islas para gastar el superávit.

Todo ese debate se ha complicado en el Gobierno estatal por estar en funciones. Es lo que tenemos que despejar en las próximos semanas y la voluntad del Gobierno de Canarias es negociarlo con Hacienda y con Fomento para que esos recursos vengan con los mejores objetivos posibles sin poner en duda los compromisos adquiridos por el Ejecutivo canario.

Fomento denuncia que el anterior Gobierno canario no certificó ninguna obra en 2018 y 2019 y su antecesor ha alegado que Fomento ya era consciente que debía reprogramar el convenio.?¿Qué se ha encontrado y cómo afecta esta circunstancia?

Hay que negociar. De esas cosas no se es consciente, hay que negociar y sentarse. Han tenido tiempo para hacerlo porque se sabe el nivel de ejecución de obra que se tiene. Nosotros sabemos lo que podemos certificar de aquí a final de año y, por tanto, era una cosa previsible.

¿Ya tiene fecha para el comienzo de las obras de Agaete-El Risco, adjudicada desde abril?

Se han planteado recursos a una serie de situaciones que han llevado a que se retrase la obra, pero estamos trabajando para agilizar esos plazos. Estamos en la tesis de que en los primeros días de septiembre pueda comenzar, pero soy consciente de que los plazos de la administración son los que son porque hay que dar seguridad jurídica a todo. El objetivo es informar la semana que viene a los ayuntamientos de Agaete y La Aldea sobre los plazos que estamos manejando, tanto con los márgenes más optimistas como con los menos optimistas.

En Tenerife, donde reclaman una mayor diligencia para solventar los atascos, levanta suspicacias que el nuevo consejero de Obras Públicas vuelva a ser de Gran Canaria.

El mismo día que tomaba posesión ya salió esa desconfianza por ser de Gran Canaria. Yo quiero que critiquen o no mi gestión por lo que hago, no por donde he nacido. Soy consciente de las dificultades de Tenerife. Cuando el cierre del anillo insular se acabe, se va a mejorar sustancialmente la movilidad en Tenerife. También hay otras obras que hay que adjudicar en los próximos meses que van a garantizar que los problemas de atasco se solucionen.

¿Qué pasará con la ampliación del muelle de Agaete?

El PSOE ha mantenido una posición clara respecto a este asunto. Hemos solicitado los informes jurídicos y económicos correspondientes para ir dirigiéndonos a esa situación. Hay tiempo razonable para que, una vez que tengamos los informes, asumamos las decisiones con todas las garantías de que estamos defendiendo el interés público. Después, nos sentaremos con el ayuntamiento de Agaete y con los sectores más implicados. También hablaremos con los pescadores, porque les puede preocupar su posición futura por los compromisos adquiridos por ellos.

¿Le consta una subida de precios de los billetes a la Península por la bonificación del 75% a los residentes?

Le hemos manifestado a Ábalos nuestra preocupación de que el beneficiario de esa medida no sean los canarios. Los datos que tenemos indican que hay una parte del año en que se producen bajadas considerables y que hay otros días que no. La media es aceptable, pero nosotros queremos profundizar en esos datos y buscar una fórmula con el Ministerio para poder disponer de esos datos de forma inmediata y comprobar que no se produzca el efecto contrario.

¿Es viable establecer precios máximos de los billetes entre Canarias y la Península?

El Ministerio no lo tiene claro, cree que es imposible o que hay dificultades para que esto sea así. Hemos trasladado que hay otras zonas de Europa donde se está planteando y es una reivindicación que compartimos con Baleares. Por eso vamos a desarrollar una estrategia común con?Baleares porque será más eficaz.

¿Es posible que Canarias consiga un estatus especial por ser RUY y pueda mantener las ayudas al transporte y la comercialización tras el brexit?

En eso estamos. Hemos traslado nuestra preocupación. El Gobierno de España siempre nos ha transmitido que se están tomando medidas en un escenario de cierta dificultad. Esperamos que, si eso se produce, el Gobierno central acompañe con una serie de medidas para que el impacto en Canarias sea el menor posible.

El último plan de vivienda finalizó en 2012. Se ha puesto como objetivo la puesta en marcha del que vence en 2022. ¿En cuánto puede aumentar el parque público en este período? ¿Puede ser la solución al problema habitacional o es un mero parche?

El Gobierno anterior aprobó un plan de vivienda, para el que el Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un dictamen muy duro. Vamos a tomarlo en consideración y ajustarlo. También existe un convenio firmado por los ejecutivos canario y central para el periodo 2018-2022. Tenemos financiación y queremos poner en marcha el plan de vivienda. Más allá del número, nos centramos en que en Canarias se vuelva a construir vivienda pública. Somos conscientes de la necesidad que existe. Sabemos que el plan no es la gran solución a esa situación y el objetivo es que los planes sean constantes y se mantengan.

¿Abordarán la vía de usar vivienda privada vacía para ponerla a disposición de ciudadanos sin recursos?

No tenemos ninguna duda. Somos conscientes de que se ha disparado el precio de la vivienda y de que no hay vivienda pública. Vamos a negociar con los operadores si eso es posible y si en términos económicos se puede hacer. Es uno de los objetivos irrenunciables de este Gobierno.

¿Está a favor de intervenir en el mercado del alquiler para regular precios, tal y como pide Podemos?

Al margen de que uno pueda tener una opinión al respecto y de que hemos defendido una posición en la campaña, el Gobierno es de coalición y por tanto un asunto de esa naturaleza requiere de una decisión conjunta. Es una cuestión que no podemos despejar ni hacer a un lado. Requiere un debate de fondo, en el que también participen los ayuntamientos, para que surjan las medidas mas convenientes.

"Por un interés partidario, las expectativas del pacto no se pueden venir abajo"

El pacto que sustenta el Gobierno está formado por cuatro partidos. ¿Marchitará más pronto que tarde, tal y como apuntan algunos?

El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Es verdad que es una experiencia nueva en Canarias, pero estoy convencido de que el Gobierno tiene largo recorrido. Es consciente del momento político que se está viviendo y de las expectativas que se han creado en la sociedad canaria. Por un interés partidario, esas expectativas no se pueden venir abajo. En las primeras semanas en el Ejecutivo, cada fuerza política está mentalizada en consolidar un Gobierno, en que se dé imagen de un Gobierno cohesionado. Eso es perfectamente asumible.

¿Confía en que no surgirán rencillas entre los diferentes partidos por las diferencias que presentan unos y otros en algunos aspectos?

Cuando haya una dificultad hay que tener la capacidad para poder resolverla. Si además se tiene capacidad de gestión, eso ayudará a que se consolide en el tiempo. No había nada más importante que no frustrar el cambio político en Canarias.

¿Temió en que algún momento se frustrase el pacto?

Claro que hubo momentos en los que pensábamos que se iba a frustrar esas expectativas. Aunque éramos conscientes de que eso pudo pasar, también le digo que nunca hubiese ocurrido por el PSOE.

Por eso replegó filas en Santa Lucía, Telde y el Cabildo grancanario.

El PSOE era el partido que más representaba el cambio en Canarias. Fuimos conscientes de que hubo dificultades porque otros jugaban y sumando mayoría. Finalmente no ocurrió y este Gobierno se parece mucho más a la Canarias que votó en las elecciones. No quisimos ponerlo en riesgo nunca y hubo renuncias como organización política.

"Si no hay Gobierno central, Canarias tendrá más dificultades que otros"

¿Cómo afecta a los asuntos canarios el bloqueo en el escenario político nacional?

Canarias es una región muy dependiente de los presupuestos estatales y si no hay un Gobierno central, lógicamente tendremos más dificultades que otros. La situación de bloqueo tiene que acabar cuanto antes, nos jugamos muchísimo. De haber salido ahora un?Gobierno, se hubiese puesto en marcha el calendario político. Como no lo hay, se retrasan, hasta octubre o noviembre, las previsiones de encuentro que teníamos.

¿Cree que habrá repetición de elecciones?

Hay una diferencia. En esta ocasión Pedro Sánchez asumió en ser el primer candidato en formar Gobierno. Rajoy no lo hizo y bloqueó la democracia. Ahora hay un plazo para llegar a un acuerdo y, si no, hay elecciones. La posición de PP y Cs ahora, que en la anterior ocasión pidió al PSOE la abstención, también lleva al bloqueo. ¿Cómo puede alguien cambiar de opinión en dos años y medio?

¿Le puede pasar factura a la izquierda no ser capaz de ponerse de acuerdo?

Queremos una izquierda útil, que apoye la Constitución. Entiendo que quieran la capacidad de influir, pero la influencia tiene las limitaciones que dan los votantes. Las consecuencias de repetir unas elecciones pueden ser incalculables, estoy seguro que si lo que ocurrió en el Congreso hubiese sido en dos meses, se hubiese llegado a un acuerdo.