Canarias

Inversión de 650.000 euros para conservar viviendas protegidas

El Gobierno canario dedica el dinero a impermeabilizar fachadas y cubiertas, tratamiento de carpintería y urbanización interior.
El Día, S/C de Tenerife
23/dic/17 5:20 AM
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El dinero se empleará en mejorar 463 viviendas en Tenerife, La Gomera y La Palma./El Día

El Día, S/C de Tenerife

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha iniciado las obras de reforma, reparación y conservación de las viviendas protegidas adscritas al patrimonio del Instituto Canario de la Vivienda de la Comunidad Autónoma.

En concreto, este departamento del Ejecutivo dedica el presente año un total de 658.980,39 euros a la ejecución de obras de mejora, que están financiadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y permitirán llevar a cabo obras de impermeabilización de fachadas y cubiertas, tratamiento de carpintería y urbanización interior, según trascendió ayer.

Según explica la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León, las actuaciones que se llevan a cabo beneficiarán a un total de 463 viviendas que forman parte del parque público de viviendas dependiente del Instituto Canario de la Vivienda, distribuidas en un conjunto de 13 actuaciones en casas ubicadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En concreto, se llevan a cabo intervenciones de mejora y rehabilitación en los municipios de El Rosario, Granadilla, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Los Realejos, La Orotava y Santiago del Teide, en Tenerife; Hermigua, en La Gomera, y Santa Cruz de La Palma, en La Palma.

Asimismo, para 2018, se cuenta ya con una partida presupuestaria para obras de mejora y rehabilitación cuya cuantía asciende a 850.000 euros. A través de estas acciones se llevan a cabo labores de reforma, reparación y conservación de los referidos inmuebles protegidos del Instituto Canario de Vivienda, con la finalidad de dotarlas de condiciones de habitabilidad, posibilitar el ahorro de consumo energético o la adaptación a la normativa vigente en materia de aguas, electricidad, protección contra incendios así como supresión de barreras arquitectónicas, según los datos ofrecidos por el Gobierno.