Canarias, cuna del turismo en España y una de las mayores fuentes de riqueza del país, realiza una aportación anual al PIB español de un 35-40% del empleo que se genera en las Islas Canarias, dato importantísimo a la hora de priorizar en cuanto a soluciones al sector turístico se refiere. La situación actual de pandemia por Covid-19 había posicionado a Canarias hace unos meses como la alternativa a las vacaciones de este año por parte de los destinos europeos, al que sin duda, hubiese sido una enorme inyección tanto económica como social, ya que se veía a Canarias como un lugar más alejado del virus ya que su posición geográfica en el mapa es favorable a ello.

Canarias perderá este año el 80% del turismo y sufrirá una rebaja de casi un 30% del PIB regional. La alta dependencia del cliente extranjero, cifrado en un 87% de la demanda, y el avance de la enfermedad a nivel mundial han hecho a Turismo de Canarias revisar las previsiones de inicio de la recuperación y las sitúa ya en 2021 y en más de un año lo que se tardará en la reapertura total del sector.

En este escenario, la llegada de turistas foráneos al cierre de este año a Canarias se situaría en torno a los 3 millones de personas, con una caída del 80%, y se perderán más de 12.000 millones de facturación turística (3.200 en el sector hotelero). El impacto de todo ello en el PIB canario será claro: caerá en torno a un 28%.

Además, con este escenario, el empleo total del sector turístico se reduciría en una media anual de unas 133.000 plazas.

En este contexto de cero turístico como el provocado por la pandemia de la Covid, la recuperación de la actividad en el sector no volverá a niveles previos a los de esta crisis en 4 años o más.

En este panorama y con el fin de no perjudicar más el sector, Canarias obliga a los viajeros que llegan a las islas presentar una prueba PCR para evitar situaciones de riesgo. A través de esta norma, se establece que para acceder a los establecimientos alojativos será preciso que los usuarios mayores de seis años demuestren la realización, en el plazo máximo de las 72 horas previas a su llegada, de un test de diagnóstico de infección activa y que acredite que no ha dado positivo como transmisor de esta enfermedad. El problema es que ahora los países de origen tienen prohibida las salidas.