La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, afirmó ayer que si con las medida anunciadas por el presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, para reducir el déficit se ha tocado la Ley de la Dependencia es que la situación es "mucho más grave de lo que nos podemos imaginar" y precisó que con los recortes se ha eliminado el pago retroactivo para los nuevos casos.

En rueda de prensa, Inés Rojas expresó su preocupación porque se han tocado "los pilares" del Estado del bienestar social y además porque "nos han obligado a hacerlo".

Entre las medidas anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero es quitar, a partir de ahora, la retroactividad a la que sí tienen derecho los solicitantes anteriores y esos recibirán su retribución de forma fraccionada en un plazo de cinco años.

La consejera indicó que la culpa no es de las personas, sino que la ley "se puso en marcha de forma improvisada, precipitada y sin ficha financiera".

Criticó que el Gobierno central no se preocupó de saber si las comunidades tenían esos servicios, "que sí había en Canarias, donde se atiende a más de 40.000 personas, pero estaban ocupados", agregó la consejera.

Inés Rojas recordó que, además, en la ley se dice que de forma excepcional se dará una prestación económica a la persona dependiente si es atendida en casa por un familiar, y aseguró que en España se ha recurrido "demasiado" a esa excepcionalidad, lo que ha llevado a dejar muchas vacantes en los servicios.

La consejera no es partidaria de que las personas dependientes sean atendidas en casa porque se pierde "mucha calidad" con respecto a los centros de día y porque además en éstos se genera empleo, que en Canarias es de 73 puestos de trabajo por cada 100 personas atendidas. Según la consejera, "en Canarias, a las personas dependientes que están en centros de día también se les da atención sanitaria, lo que no ocurre en el resto de España", aseguró.

Además, al tener una ley sin ficha financiera no se aseguran los derechos a los ciudadanos porque está expuesta a la situación económica de cada momento, criticó.

Inés Rojas no quiere ni pensar que se pueda parar la Ley de la Dependencia, como plantean algunas comunidades, y recordó que Canarias en dos años ha desmontado el plan sociosanitario regional para adaptarlo a esa ley. Y no puede ser que ahora "ni lo uno ni lo otro", señaló. Puso de manifiesto la "inquietud" que han provocado las medidas anunciadas por el Gobierno central, subrayando que "lo que más preocupa son las pensiones, que en Canarias son las más bajas del Estado".

También habló del plan de atención a la discapacidad, que estaba previsto encajar este año en la Ley de Dependencia.

Menos para inmigración

Rojas habló de "dos recortes más", entre ellos el de los fondos del Estado para integración de los inmigrantes que residen legalmente en España, que a lo largo de los últimos años se ha situado en 200 millones de euros y que ahora se reducirá a 70 millones". El segundo recorte es el de 126 millones de euros que debe aplicar Canarias a su presupuesto y que afecta en un 1% a la Consejería de Bienestar Social.