No es habitual ver al consejero de Educación, José Miguel Pérez, sentado junto a los sindicatos docentes expresando una postura común. Ha sido la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), el polémico proyecto legislativo promovido en solitario por el Gobierno de PP, el que ha propiciado esa imagen, que se produjo ayer en Tenerife y que no evitó, en cambio, que Pérez recibiera también alguna crítica por su gestión.

El consejero y también secretario general de los socialistas de las Islas escenificó junto a grupos políticos del Parlamento -Coalición Canaria y Nueva Canarias-, sindicatos de la enseñanza y representantes de las familias y los alumnos el rechazo a la reforma educativa, que se tradujo en un llamamiento a secundar las movilizaciones -huelga y manifestaciones- previstas para hoy.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, expresó su confianza en que "la Lomce tendrá poco futuro si las movilizaciones salen bien". Por su parte, Pérez no se mostró tan optimista -"el adversario difícilmente va a renunciar a la aprobación de la ley", dijo-, aunque sí anunció que "se agotarán todas las vías legales" para tratar de que el Gobierno central dé marcha a atrás a un proyecto "segregador", que "consagra los recortes" y "obligará a centros públicos y privados a competir por unos recursos cada vez más escasos".

La falta de consenso y participación con que ha sido elaborada es otro de los principales problemas que estas organizaciones y colectivos encuentran en la futura ley. "Es posible que sea necesaria una nueva ley, pero debe ser consensuada", advirtió Manuel Navarro, de UGT.

Esta ausencia de diálogo y la repulsa que suscita entre la comunidad educativa, los partidos políticos y las comunidades autónomas, así como la falta de una memoria económica que haga viable su aplicación, augura, a su juicio, que la norma "tenga los días contados".

Las protestas culminan los dos días de huelga que han protagonizado alumnos de Secundaria de toda España y de cuyo seguimiento en Canarias no hay datos oficiales, aunque el representante de las asociaciones de padres, Eusebio Dorta (Confapa), calificó de "masiva" la respuesta de los estudiantes isleños.

El consejero no se escapa de las críticas

La coincidencia del consejero de Educación y los sindicatos del profesorado en su rechazo a la Lomce no significa una aprobación de los segundos a la gestión de José Miguel Pérez.

De hecho, varios de los representantes sindicales aprovecharon la ocasión para reprochar a Pérez lo mismo que éste recrimina al Ministerio de Educación -la falta de negociación, en este caso sobre las condiciones laborales de los docentes- y también para recordar que en el Archipiélago se aplican "las mismas políticas de recortes" que en el resto del país.

La primera crítica provino de Ernesto Perera, de Docentes de Canarias-Insucan, y la segunda de Germán Pérez, de EA-Canarias, quien recordó la oposición de los sindicatos a "todo tipo de recortes" y conminó a "ponerles freno".

Por su parte, el consejero evitó entrar en polémicas, pero hizo un detallado repaso por "los fondos estatales que han dejado de llegar" a las comunidades autónomas y que hacen imposible mantener el nivel de inversión educativa en las Islas. "Los datos son tozudos", afirmó.

Sin embargo, insistió en su mensaje de que en 2014 "no habrá recortes en los servicios públicos esenciales" en Canarias. "Trataremos incluso de incrementar las partidas en lo que razonablemente se pueda", adelantó Pérez, quien recalcó su intención de amortiguar los efectos de la ley "con la ley en la mano".

las claves

El dictamen del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce) recibió luz verde del Congreso de los Diputados el pasado 10 de octubre solo con los votos del PP. La mayoría de los grupos políticos representados en el Parlamento español se han comprometido a derogar la norma en cuanto cambie el gobierno.