El Parlamento de Canarias aprobó el martes por unanimidad la nueva ley de Radio Televisión Canaria que crea la figura de un administrador único hasta final de año, encargado de tutelar el funcionamiento del Ente y evitar que la tele se nos vaya a negro. Eso implica que el Gobierno podrá nombrar a partir de mañana viernes, por decreto y a propuesta del Grupo Parlamentario Coalición Canaria, a José Carlos Naranjo, un especialista auditor, dispuesto a dedicarle seis meses a ejercer de administrador único de la tele, después de haber sido recientemente desplazado de la Audiencia de Cuentas por los acuerdos de renovación de los órganos parlamentarios. Naranjo, con 20 años como miembro de la Audiencia de Cuentas, tiene garantizada la elección, no ya por su capacidad técnica -que nadie le discute- sino porque la oposición parlamentaria se ha comprometido a no bloquear la decisión del Gobierno, según el acuerdo que alcanzaron en la tarde de este martes. Naranjo podría cesar antes de fin de año, si así lo decidiera la comisión de control de la tele en el Parlamento, o un renovado consejo rector del Ente?
Los grupos se aplaudieron mucho a sí mismos por haber cerrado este pacto, después de haberse pasado los últimos tres años manteniendo a la Televisión Canaria en una situación de permanente bloqueo y creciente deterioro. Da gusto ver cómo Sus Señorías se ponen de acuerdo cuando quieren ponerse de acuerdo, pero lo cierto es que este acuerdo tan celebrado llega muy tarde, y que para salvar la situación creada por el bloqueo político del consejo rector y poder salvar a la tele del desastre, Naranjo, más que un cualificado auditor de cuentas públicas, debería ser un santo especializado en milagros muy milagreros.
Mientras el Parlamento se entretenía en sus devaneos o en defender intereses ajenos al interés público -algún día se sabrá exactamente porqué hubo partidos que pensaron más en lo que le convenía a la productora licitadora que en lo que convenía a la televisión pública y a Canarias-, la tele ha vivido en una situación errática, y se ha sacrificado la estabilidad de casi trescientos trabajadores, a la espera de recibir en las próximas horas sus cartas de despido, mientras los líderes de algunos partidos intentan aún colocar en la administración única a gente que pudiera aceptar una renovación ilegal del contrato.
En fin, que lo de la tele ha sido una vergüenza monumental que ha descubierto hasta qué punto se somete el interés general a la presión de los intereses de las empresas. Lo razonable sería esperar del actual administrador que trabaje en la dirección de garantizar la gestión pública de los informativos y de dotar a los profesionales que hacen la tele de garantías laborales, medios adecuados para hacerla, y un sistema reglado de acceso a los puestos de trabajo y de concurrencia de ofertas empresariales. Eso, además de garantizar la independencia y neutralidad de la televisión de los cambiantes poderes regionales. Esa era la tarea que debería haber dirigido el Parlamento, hasta que la visión de 144 millones lo enmierdó todo. Tanto, que el Parlamento ni siquiera fue capaz de ponerse de acuerdo en lo mínimo: proponer el marco que debe definir qué se espera de la tele y cómo debe hacerse. Lo dicho: una vergüenza y un ridículo sin precedentes.
Esperemos que este acuerdo de ayer sirva para desatascar la situación y dar los pasos correctos en la profesionalización, independencia y gestión pública de la tele. Aunque yo no me fío. No me fío nada.