Tenerife

El consistorio deja sin vigilancia Bajo la Cuesta al expirar el contrato

Si bien la Policía Local y la Guardia Civil refuerzan su presencia en la zona, los vecinos aseguran que sus casas no cuentan con la vigilancia constante que comprometió la Alcaldía.
El Día, Candelaria
16/mar/18 6:23 AM
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El consistorio deja sin vigilancia Bajo la Cuesta al expirar el contrato

Los vecinos de Bajo la Cuesta que pasan los días en el campamento emplazado junto a la central eléctrica de Las Caletillas realizan labores de vigilancia nocturna y diurna de las viviendas que forman el barrio. Lo hacen desde las 0:00 horas del martes, momento en el que el servicio dejó de ser prestado al expirar el contrato que mantenía el Ayuntamiento de Candelaria con la empresa.

En una reunión de urgencia celebrada en el consistorio, la alcaldesa, María Concepción Brito, y el concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, transmitieron a la representación vecinal que habrá una mayor presencia de efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil hasta que concluya el procedimiento abierto para la contratación del servicio. De hecho, están elaborando los pliegos y el gobierno municipal espera dejar resuelto este asunto "en los próximos días", según indicaron fuentes oficiales.

Los vecinos que permanecen en las tiendas de campaña habilitadas en el entorno se pasan "la noche en vela" para realizar el trabajo "al que se había comprometido la alcaldesa". De hecho, en un comunicado oficial emitido por el grupo de gobierno el 27 de octubre de 2016 (el mismo día en que los vecinos fueron desalojados de sus viviendas) se especifica en su penúltimo punto: "El Ayuntamiento de Candelaria ha contratado seguridad privada 24 horas para la vigilancia de Bajo La Cuesta, coordinada con la Guardia Civil y con la Policía Local".

Los afectados aseguraron ayer que la presencia policial y de la Guardia Civil se produce "pero no están allí de forma permanente". Al tiempo, mostraron documentos gráficos demostrando "que a Bajo la Cuesta entra quien quiere y cuando quiere. Suponemos que alguien se hará responsable de lo que pueda suceder, tanto a esa gente como a las casas".

La seguridad de las viviendas fue uno de los aspectos que más reivindicaron los vecinos de Bajo la Cuesta durante el proceso seguido para su desalojo. En varias oportunidades han llamado la atención sobre "lo fácil que resultaba entrar en el barrio desde la parte de la costa", algo que habían advertido a las autoridades, "pero no se puede impedir el uso del litoral y, por tanto, la seguridad privada era una garantía mayor para nosotros".

Transcurrido un año y cuatro meses y medio desde que abandonaron sus viviendas, en Bajo la Cuesta se perciben diferencias. La realización de los trabajos de estabilización del talud en la parte de dominio público marítimo-terrestre perteneciente a Endesa permitirá el retorno de los habitantes de la docena de casas que se encuentran bajo la influencia de esta parte del acantilado.

Por contra, el resto del talud, propiedad de la empresa Dani Ran, S.L., no será objeto de intervención para su estabilización. Se trata de la franja de mayor superficie afectada por el riesgo de desplome, causa del desalojo de Bajo la Cuesta. Sin embargo, la alcaldesa, María Concepción Brito, fue clara en reiteradas ocasiones al manifestar que no solicitará la concesión del suelo afectado por el espacio marítimo-terrestre emplazado en esta franja por el coste elevado de la obra a realizar.

"Este ayuntamiento no se va a gastar 900.000 euros para estabilizar un talud que no es de nuestra competencia, sino de Costas", aseguró la alcaldesa ante el Pleno en varias ocasiones. Esto deja a la mayoría de los vecinos sin poder retornar a sus hogares.