Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se Puede, preguntará en el Pleno ordinario del viernes qué potestades le ha dado la Junta de Gobierno Local a la presidenta de una de las asociaciones de vendedores del Rastro para que ordene y regule la distribución de los puestos o cualquier otro aspecto del funcionamiento de este mercado callejero.
Arcila también quiere saber qué medidas va a tomar el grupo de gobierno para poner punto final a estas irregularidades, que achaca a un posible trato de favor del concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, hacia la presidenta de esta asociación, afiliada a Coalición Canaria. El edil no ha dudado en comparar esta forma de actuar con las prácticas clientelares de su correligionario Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna y recientemente imputado por tráfico de influencias, entre otros presuntos delitos.
Las irregularidades de las que habla Arcila se podrían evitar en parte "si el alcalde Bermúdez tomara cartas en el asunto y accediera a modificar la ordenanza municipal recientemente aprobada tras escuchar a todos, sin intermediarios, para que conozca de primera mano la situación y proponga soluciones que garanticen la pervivencia del espacio comercial".
Entre estas modificaciones, Arcila considera "imprescindible garantizar la continuidad de todos los puestos del Rastro y que no se limiten a 631 las licencias, pues esta actividad es esencial para cientos de familias del municipio y los titulares de puestos de venta llegan a casi el doble de esa cifra apuntada".