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El Supremo pide más tiempo para estudiar los recursos del caso Arona

Aduce la "complejidad y extensión" del sumario, que alcanza los 40.000 folios, para poder dictar sentencia sobre los recursos presentados por casi todos los condenados.
El Día, Arona
4/ago/18 6:21 AM
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José Alberto González Reverón declarando por este caso en noviembre de 2016./El Día

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) pidió más tiempo para estudiar el recurso presentado por 11 de los condenados por prevaricación y cohecho en el conocido como caso Arona. El TS informa que la correspondiente indica en un auto que la vista se celebró el 5 de julio, pero matiza que dada la "complejidad y extensión" del contencioso, cuyo sumario se extiende por 40.000 folios, acordó prorrogar a un mes el plazo ordinario de 10 días que está fijado para dictar sentencia.

El recurso de casación apela a una supuesta infracción de ley y quebrantamiento de forma en el que habría incurrido el fallo dictado por la Audiencia Provincial el 26 de enero de 2017. La sentencia condenó al exalcalde, José Alberto González Reverón, por prevaricación a 17 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, pena firme dado que el exalcalde no recurrió.

Prueba de la complejidad del caso a la que hace referencia el Supremo es que, en primera instancia, los magistrados tinerfeños tardaron nueve meses en dictar la sentencia. Entonces, la Audiencia reflejó en su fallo "el complejo entramado" de supuestas actuaciones fraudulentas en las que detectaron cohecho y posibles delitos de tráfico de influencia. En la resolución judicial se tuvieron en cuenta las dilaciones indebidas puesto que la denuncia de la Fiscalía se remonta a 2007 y el juicio se celebró transcurridos casi 10 años. La Fiscalía apuntó a la concesión fraudulenta de 213 licencias urbanísticas y más de 70 contrataciones ilegales.

El abogado de varios de los condenados, Juan Manuel Fernández del Torco, indica que el auto del TS puede ser un indicio de que los argumentos de las defensas "no son tan disparatados".

La sentencia condenó al gobierno local 2003-07 a penas de ocho años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística y otro de prevaricación. Se consideró probado que en los plenos votaron a favor de la concesión de licencias al margen de la legalidad los exediles Manuel Barrios, Daniel Martín, Alfonso Barroso, José Luis González, Juan José Alayón y Félix Sierra. Este último fue edil de Urbanismo y consejero del Cabildo. La Audiencia sumó, a 4 años de cárcel por cohecho, 9 de inhabilitación y multa de medio millón de euros.

De confirmarse el fallo, el exaparejador municipal Roberto Luis estará 5 años en la cárcel y pagará 700.000 euros, con otro año de privación de libertad y ocho de inhabilitación por prevaricación.

El exarquitecto municipal, Eliseo de La Rosa, fue castigado por un delito continuado de cohecho a cuatro años de prisión, nueve de inhabilitación y multa de medio millón de euros, más ocho de prisión y otro tanto de inhabilitación por prevaricar. En esa supuesta trama de sobornos figuran los arquitectos Zenón Rodríguez Neris y Antonio González Tolosa, condenados por cohecho continuado a dos años de cárcel, cuatro y medio de inhabilitación y multas de 40.000 y 30.000 euros, respectivamente. La misma pena recayó en el empresario Arsenio Zamora Toledo, considerado el intermediario, aunque la multa es más elevada: 250.000 euros.

De los 13 acusados, solo el arquitecto Jorge Menéndez Díaz fue absuelto.