El Tribunal Supremo (TS) ratificó una sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife por la que se condenó a un funcionario del Gobierno canario a devolver 55.500 euros y cumplir dos años de prisión por un delito de estafa.

Las víctimas son una viuda y sus cuatro hijos, a cuyo padre y marido conocía el imputado. Este se ofreció para gestionar ante el Ejecutivo autónomo el pago del Impuesto de Sucesiones que se tramitaba en la Administración Tributaria Canaria. El acusado prometió a la familia que iba a lograr una rebaja en los costes, aprovechándose de su credibilidad profesional, debido a su condición de funcionario en la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Sin embargo, lo cierto es que estaba adscrito al Departamento de Administración de Tributos a la importación, por lo que no tenía nada que ver con este tipo de expedientes. La sentencia da por probado que el acusado, con la intención de enriquecerse de forma ilícita y sin haber realizado ningún trámite que le permitiera conocer la cantidad a pagar, convenció a la viuda para que le extendiera un cheque por 42.250 euros. Una vez en su poder lo cobró y se apropió del dinero, sin llegar a saldar nunca la deuda que pasó de los iniciales 38.000 euros a más de 45.000 debido a los intereses de demora.

El acusado aceptó su culpabilidad excepto en lo que se refiere a la petición de los familiares de que la indemnización por daños morales sumara 20.000 euros, frente a los 1.500 que determinó la Audiencia. Un hijo recurrió y el Supremo rechazó este punto. El TS apunta que si se tiene en cuenta que el daño moral resulta de la gravedad del delito y del menoscabo que produce, la cifra determinada es la correcta. En el fallo se refleja que no hay duda de que un delito de este tipo produce un daño moral. "Este sentimiento puede resultar agravado cuando se comete en el contexto de una relación de confianza con quien resulta responsable del mismo. Y es evidente que el mero pago de intereses moratorios, exigibles en cualquier reclamación civil no referida a una actuación delictiva, no compensa completamente tales perjuicios morales, cuya cuantificación resulta extraordinariamente difícil", dice la última resolución.